A pesar de la restricción de ingresos, persiste una sobrepoblación del 50% en la cárcel de Batán

La Justicia de Mar del Plata dictó en septiembre una restricción de ingresos en la cárcel de Batán para evitar que otras localidades de la zona puedan enviar a sus reclusos, ya sea por condena o por procesamientos de causas en trámite. Si bien la medida aún se mantiene vigente, lo curioso es que el escenario de sobrepoblación  de la Unidad Penal N°15 empeoró en los últimos meses.

Cuando la jueza Mariana Irianni firmó la resolución, la UP 15 tenía, al 31 de agosto, 1596 internos alojados, mientras que su capacidad real es para 1106 personas. Y al cierre de la semana pasada, se relevaron 1644 personas privadas de su libertad, según confirmaron fuentes oficiales consultadas por 0223.

El dato renueva la preocupación de autoridades judiciales y evidencia que el grado de sobrepoblación en las instalaciones de la cárcel, que tampoco recibe grandes obras de mantenimiento desde hace más de 14 años, asciende al 48,6 por ciento. “El volumen de población carcelaria ni siquiera bajó con esta restricción. Si encima se permitieran ingresos de otros lugares, hoy el problema sería mucho más grave”, razonaron.

Así, por el momento, no se avizora en el horizonte ninguna señal favorable para que cese la restricción que se dispuso en el marco del habeas corpus correctivo que tramita el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata.

El próximo viernes está previsto que se desarrolle una audiencia judicial, con presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, para seguir el tratamiento de este habeas corpus. La principal expectativa que abre el encuentro es que los funcionarios acerquen un plan de obras para que pronto se pueda poner en marcha un  proceso de “puesta en valor integral” de la cárcel.

En esta espera de casi siete meses, el Gobierno no acercó ninguna planificación al respecto. Solamente se ha informado sobre trabajos paliativos de reparación que no dejaron satisfecha a la jueza Irianni.  “Persisten condiciones inadecuadas frente al riesgo eléctrico, al sofocamiento a causa de incendio, a la evacuación de reclusos en caso de ser necesario, al colapso del sector talleres y a las filtraciones en la cubierta que han producido desmoronamientos en los cielorrasos y oxidaciones en las armaduras de las losas de la cubierta de la unidad”, señala uno de sus últimos informes.

El lunes, la magistrada también elevó un pedido de informes dirigido al jefe de la Unidad Penal 15 para tener un detalle pormenorizado sobre el estado en el que se encuentran los servicios básicos que se deben garantizar dentro de la cárcel de Batán, relacionados con el agua, la luz y el gas.

Irianni, en este sentido, ya advirtió que “las irregularidades del sistema eléctrico” han provacado la muerte de un interno en el último tiempo y consideró “imperioso recabar información respecto del estado actual del servicio de provisión de agua”. “Que el Jefe de la Unidad Penal XV tenga a bien remitir un informe detallado respecto al suministro de agua de dicha institución, con qué empresa trabajan, si el suministro de agua es potable, que inspecciones se han realizado desde el año 2020 a la fecha y cualquier otra información que resulte de interés”, puntualizó la titular del Juzgado, en su requisitoria.