Paciencia para el 13, listas fantasmas en observación y el candidato invisibilizado

“Paciencia con el escrutinio”

El del domingo 13 de agosto podría ser el escrutinio más lento de la historia de las PASO en la provincia de Buenos Aires. El alerta llega desde múltiples sectores, pese a que la Dirección Nacional Electoral ya adelantó su intención de informar los primeros datos oficiales a las 21 horas, como indica la ley.

En caso de un escenario cerrado, sobre la medianoche recién se podrán tener tendencias definitivas, aclaran los referentes encargados del proceso electoral de las principales coaliciones políticas, donde las dos mayores protagonistas, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, ya tienen alistados a los casi dos mil fiscales que se necesitan para cubrir todos los centros de votación, entre los fiscales de mesa y los generales.

El recuento de votos se prevé más lento que de costumbre por la cantidad de listas presentadas en las ocho categorías a elegir en Provincia, un récord absoluto al combinarse el regreso de las elecciones para el Parlamento del Mercosur (Parlasur) y porque en este turno toca la renovación de los senadores nacionales.

Así entonces, según el Certificado de Escrutinio de Mesa que distribuyó el Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito Buenos Aires, habrá un total de 49 listas que acumulan candidaturas en 209 categorías. Allí se anotan: 23 a presidente, 20 al Parlasur distrito nacional, 37 a senadores nacionales, 30 a diputados nacionales, 35 al Parlasur distrito Provincia, 23 gobernador, 21 a diputados provinciales y 20 a intendente, concejales y consejeros escolares.

Las “pymes electorales”, bajo la lupa de la Justicia

Desde el momento en que el Estado se hizo cargo del financiamiento de las boletas con la implementación del nuevo sistema de PASO en 2011, el negocio apareció como tentador para unos cuantos. Son listas de las cuales se desconocen sus programas, sus candidatos no tiene historial en la política, las denominaciones son desconocidas, no se preocupan por hacer campaña y, en algunos casos, ni siquiera tienen presencia en el cuarto oscuro en el día de las elecciones. Sin embargo, cobran hasta el último peso por la presunta impresión de las boletas, unos $123 millones para los que presenten candidatos en los tres tramos de la boleta a nivel provincial (gobernador, legisladores provinciales e intendentes) o unos módicos $41 millones solo para gobernador. Si hay varias listas internas, el número se multiplica.  

La situación llegó a números récord en las actuales elecciones, con un total de 27 listas presidenciales presentadas para las primarias y 26 a gobernador, con números más o menos similares para el resto de las categorías como los parlamentarios al Mercosur, senadores y diputados nacionales o legisladores provinciales. Sin embargo, con mayor determinación que antes, en esta oportunidad la Justicia Electoral tomó cartas en el asunto y fortaleció los controles para constatar que el dinero que los candidatos recibieron se utilice en la impresión de boletas y no sea desviado con otros fines.

Precisamente, hace pocos días la Junta Electoral bonaerense alertó al gobernador Axel Kicillof de la existencia de “candidaturas ilusorias”, cuyo único fin es conseguir el financiamiento. El juez federal Alejo Ramos Padilla – con competencia en las elecciones de candidatos nacionales en territorio bonaerense- exigió a los partidos mostrar las boletas impresas junto con las facturas que justifiquen todos los gastos. Una medida similar ya había tomado la juez federal María Romilda Servini en territorio porteño.

Los mayores controles obligaron a varias listas a darse de baja, un total de 127 nóminas en toda la Provincia y donde la justicia puso el foco especialmente en cuatro de ellas. La situación repercutió en General Pueyrredon, donde fueron marginadas tres listas, las de Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica y también la Liber.ar, aunque mantiene una triple candidatura presidencial. El primero de los casos tiene un condimento extra: es el partido conducido por Miguel Ángel Pichetto, que integra Juntos por el Cambio, donde sus autoridades señalaron una “usurpación” del espacio con candidatos truchos y el cual ratificó su acompañamiento a la candidatura de Rodríguez Larreta y de Guillermo Montenegro a nivel local.

La boleta ausente

La fisonomía que adquirió la coalición Hacemos por Nuestro País de Juan Schiaretti en territorio bonaerense desde el minuto 1 llamó la atención a los observadores de la política: la decisión de no presentar candidato a gobernador bonaerense en un territorio clave para cualquier pretensión nacional, nunca terminó ser del todo comprendida, ni explicada.

La situación expuso aún más a aquellos armados locales que sin la cobertura del espacio conducido por el gobernador cordobés, ahora se deben presentar con boleta corta, ya que la alianza no se presentó en las elecciones bajo jurisdicción provincial. Ese es el caso del Partido Autonomista, la figura legal bajo la cual se candidatea a intendente Fabián Giovanniello. Así entonces, la boleta de Hacemos por Nuestro País solo presenta candidatos en las cinco categorías nacionales (presidente, parlamentarios al Mercosur tanto por el distrito nacional como provincial, senadores nacionales y diputados nacionales), mientras que la boleta municipal estará en soledad en el cuarto oscuro.

La particular situación representa una dificultad a las posibilidades que Giovanniello tiene para lograr el 1,5% de los votos válidos que le permita participar en las PASO, a lo que se suma un elemento adicional: la boleta corta de Giovanniello no está siendo repartida junto a las boletas de Hacemos por Nuestro País que se están entregando bajo puerta en distintos barrios de Mar del Plata.

Además, la alianza de Schiaretti presenta otra singularidad: el Partido Socialista integra la alianza a nivel nacional, donde como tercera candidata a diputada nacional se presenta la marplatense Mónica Biasone. Sin embargo, a nivel municipal el PS recientemente se incorporó a Juntos por el Cambio y apoya la reelección de Montenegro.

Un barrio popular registrado en zona de conflicto

A paso lento avanza la causa que la justicia federal lleva por el caso del asentamiento en las inmediaciones de la Estación Transformadora, donde decenas de familias viven bajo las líneas de alta tensión, en un riesgo permanente de muerte. Entre la feria judicial y las complicaciones para notificar formalmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y al Instituto de la Vivienda –en su doble rol de organismo vinculado a la temática y como propietario de unos de los terrenos tomados-, las novedades llegan a cuentagotas.

En los últimos días, el Juzgado Federal N°4 de Alfredo López recibió la respuesta de Nación, donde se aportó un dato que puede complejizar la situación. Es que una de las zonas en conflicto forma parte de uno de los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrio Populares (Renabap), el barrio Autódromo (N°4384), el cual cuenta con una protección legal especial. Por caso, el Renabap permite que sus habitantes tengan Certificado de Vivienda Familiar y puedan probar su domicilio, conectarse a servicios públicos, tener cobertura de salud y otros beneficios. Además, el director de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social, Agustín Algorta, pidió al juzgado que “a los efectos de evaluar las posibles acciones e intervenciones, se solicita se aclare cuál es la zona específica de seguridad del electroducto dentro de cada inmueble involucrado”.

El predio es cuestión abarca un frente de 300 metros sobre calle Carlos Gardel y se extiende por unos 3 km, entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, y sus proyecciones. frente de 300 metros sobre calle Carlos Gardel y se extiende por unos 3 km, entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, y sus proyecciones. Tras diversas gestiones, en marzo de este año la empresa transportadora de energía Transba inició un proceso sumarísimo preventivo de daños para lograr el desalojo de las familias, en el cual demandó a los cinco titulares de los predios implicados y a la propia Municipalidad.