Asociación ilícita mixta: imputan a otros seis policías y los citan a declarar

A partir de la incorporación de nueva evidencia y tras una renovada valoración de la ya existente, el fiscal general adjunto Marcos Pagella imputó a otros cuatro policías –uno de ellos en retiro activo- como partícipes de la asociación ilícita mixta que encabeza el ex Jefe Departamental de Policía José Luis Segovia y a otros dos por los delitos de encubrimiento agravado, falsificación o adulteración ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal.

En la presentación que este lunes hizo la Fiscalía General, se estableció que el martes 22 de octubre se presenten a declarar en Tribunales Héctor Sosa -en retiro activo- en orden a los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado, exacciones ilegales agravadas, falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, violación de los deberes a su cargo y estafa procesal, en concurso real; y Mauricio Ramírez Armani por la participación en la asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, expendio y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa, compraventa de divisas de origen ilícito, explotación ,administración u operación de juegos de azar sin autorización, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público.

También como partícipes de la asociación ilícita mixta que según la hipótesis fiscal tenía como objetivo la comisión de delitos con la finalidad de obtener un indebido provecho económico y se manejaba bajo la modalidad de células sin que todos tuvieran conocimiento entre sí, el miércoles 23 van a declarar Jonathan Sonzogni y el ex jefe del Comando de Patrullas Christian Gari.

Sin atribuirles participación en la asociación ilícita, pero imputados por los delitos de Encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos, falsificación o adulteración ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal, también imputaron a Iván Medigovich y Sebastián Di Biase quienes deberán declarar el 24 de octubre.

Un día más tarde comparecerá en audiencia el imputado Javier González para prestar declaración a tenor del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal conforme lo solicitó su defensa a cargo del abogado penalista Osvaldo Verdi.

En su presentación de 31 páginas a la que tuvo acceso 0223, Pagella relevó del juramento que oportunamente prestaran al momento de recabarles declaración testimonial Sosa, Medigovich, Di Biase y Gari. También dieron vista de los informes periciales a los defensores e imputados “haciéndose saber que pueden hacer examinar los resultados por otro perito y eventualmente solicitar la reproducción de las pericias”.

La causa

Poco más de cinco meses después de los múltiples allanamientos realizados en domicilios particulares y en la propia Jefatura Departamental, José Luis Segovia, Gastón Moraña y Javier González permanecen alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras que Christian Hotlkamp está con arresto domiciliario para recuperarse de una intervención quirúrgica.

A partir de los pedidos que presentaron las partes, el Juez de Garantías Daniel De Marco también dictó en su momento la prisión preventiva del comerciante cambista Jorge Toletti y la falta de mérito y excarcelación del policía de la Federal, Nicolás Rivademar, y del abogado Lautaro Resúa.

Los investigadores también imputaron a Claudio Alaniz de tener una participación primaria en la misma asociación ilícita mixta. “El Negro Claudio” está acusado de ser la persona que facilitó los datos para el robo millonario que un matrimonio sufrió en diciembre de 2020 en su departamento de Cabo Corrientes y por estas horas se define el arresto domiciliario solicitado por su defensa.

El otro acusado de tener una participación secundaria en la asociación es el ex jefe del Gabinete de robo a viviendas de la DDI; Javier Collova, que nunca estuvo detenido en esta causa.

El pasado 8 de septiembre se cumplió el término ordinario y la fiscalía solicitó una prórroga por dos meses. En caso de ser considerado necesario, la ley prevé una extensión más de seis meses para el cierre de la Investigación Penal Preparatoria.