La Justicia intimó a Provincia para relocalizar a familias que viven bajo líneas de alta tensión

Ante la falta de respuestas estatales en el marco de la causa que se sigue por el asentamiento bajo líneas de alta tensión en el barrio José Hernández, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó al Instituto Provincial de la Vivienda que relocalice a las familias allí instaladas y advirtió por el eventual inicio de una causa penal contra el titular del organismo. Asimismo, adelantó eventuales sanciones económicas ante el incumplimiento, situación que también alcanza a la Municipalidad de General Pueyrredon.

En una resolución que se conoció en los últimos días, el titular del Juzgado Federal N°4, Alfredo López, alertó por el “incumplimiento” del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires a las diversas diligencias planteadas, por lo que ordenó al organismo “brindar una urgente solución habitacional a las personas” que habitan viviendas precarias en lo conocido como franjas de seguridad de líneas de alta tensión. Según un relevamiento realizado a comienzos de año, en la zona habitan 36 personas, 16 de ellos menores, aunque se cree que el número aumentó desde entonces.

La novedad se da en la causa que a comienzos de 2023 inició la concesionaria de la Estación Transformadora de Mar del Plata, Transba SA, para lograr el desalojo de familias que viven bajo las líneas de 132 kv que abastecen a Mar del Plata. Desde entonces, el juez López indicó al actual Ministerio de Capital Humano de Nación, al Instituto Provincial de la Vivienda y a la Municipalidad encontrar una solución habitacional, encontrándose con una evasiva detrás de otra. 

La situación del organismo provincial es aún más relevante, ya que es propietaria del predio de 30 hectáreas aledaño a la Estación Transformadora donde está la mayor parte del asentamiento. Se trata de terrenos que adquirió años atrás para desarrollar un plan de viviendas, pero que nunca pudo concretarse precisamente por las restricciones vinculadas a las líneas de alta tensión. Sin embargo, desde 2022 comenzaron a ser intrusados por vecinos de la zona, situación que se agrava con el paso de los meses, como advirtió recientemente Transba SA en una nueva presentación.

En ese marco, el juez López intimó al Instituto, “en persona de su administrador general Sr. Diego Menéndez”, para que “de forma urgente, inmediata y sin más dilaciones a partir de la recepción de la presente, arbitre los medios necesario y de cumplimiento con la manda aquí decretada”, en relación a las personas que habitan la Parcela 4-t.

Asimismo, adelantó que la intimación se da “bajo apercibimiento de pasar los antecedentes a la Fiscalía Federal que por turno corresponda ante la posible comisión del delito de desobediencia a una orden judicial”, quedando comprometida la situación personal de Menéndez. En tanto, “en caso de persistir con dicha reticencia en el cumplimiento”, se aplicará una multa al organismo de $30 mil por cada día de retardo.

A la vez, también intimó a la Municipalidad de General Pueyrredon “a fin que informe las medidas adoptadas a fin de brindar solución a la problemática habitacional”. Caso contrario, a la Comuna también le corresponderá una multa de $30 mil diarios. En tercer lugar, libró oficio al Ministerio de Capital Humano, al que cuando era Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández también había le indicado la necesidad de encontrar una solución habitacional.

Durante el año y medio en que se tramita la causa, en todo momento se observaron reticencias de las tres esferas estatales en comprometerse con la solución habitacional que requiere el caso. En su momento, la cartera nacional a cargo de Victoria Tolosa Paz se desligó de responsabilidad y sólo advirtió que algunos de los terrenos involucrados se encuentran dentro del Registro de Barrios Populares (Renabap), por lo que está prohibido por ley su desalojo. El Instituto Provincial de la Vivienda recién respondió este año, con evasivas, luego de ser declarado en rebeldía por el juez. Finalmente, la Municipalidad rechazó la demanda al sostener que la toma se realiza sobre predios que no son de su propiedad, en tanto aseguró que “no cuenta con recursos" para aportar a la relocalización.

En su más reciente presentación, Transba SA amplió la demanda aportando prueba documental fotográfica sobre el potencial crecimiento de la toma. En el documento detalló que al intentar realizar las habituales tareas de limpieza en las franjas de seguridad de las líneas de alta tensión, “ya se notan nuevas subdivisiones de lotes debajo de los conductores, con la indicación de lote con dueño”. Esos terrenos “ya se encuentran limpios, demarcados y en algunos casos con arbustos a modo de límite entre ellos, lo cual indica que en un futuro cercano se podrían producir nuevas intrusiones, pese al esfuerzo por mantener la franja despejada”.

“Esta situación representa un grave e inminente peligro para la seguridad pública y para la adecuada prestación del servicio público de transporte de energía, pero fundamentalmente para la vida de las personas que se encuentran habitando las viviendas que se están construidas y/o aquellas que se pretendan instalar”, alertó Transba SA.