Vivir bajo líneas de alta tensión: advierten que se preparan nuevas tomas de terrenos

Decenas de familias en situación de vulnerabilidad que viven bajo las líneas de tensión en predios ocupados del barrio José Hernández linderos a la Estación Transformadora de Mar del Plata se siguen exponiendo día a día a la muerte y, como lo viene haciendo desde dos años, la concesaria volvió a pedir una solución habitacional, además de advertir que se preparan nuevas tomas.

En el marco de la causa que lleva adelante el Juzgado Federal N°4 de Alfredo López, Transba SA agregó nueva prueba documental que evidencia no solo el avance de construcciones levantadas en los últimos años, sino que además hay nuevas demarcaciones de terrenos que evidencian una inmediata ampliación del asentamiento. A la precariedad que acompaña a toda toma, en este caso se le suma un factor por demás agravante: es que un sector de los predios se encuentra dentro de la zona de electro conducto por donde se extienden las líneas de 132 kv que abastecen a Mar del Plata, una energía 600 veces superior a la domiciliaria de 220v. Y no solo se trata de viviendas precarias, sino que incluso hasta se construyó una canchita de fútbol donde todos los días juegan menores de edad.

El núcleo del problema está en diversos terrenos que se extienden desde Carlos Gardel entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, en dirección hacia el noroeste. En marzo de 2023, la concesionaria de la Estación Transformadora, Transba SA, inició un proceso sumarísimo preventivo de daños para lograr el desalojo de las familias, pidiendo al Estado se haga cargo de su relocalización y con una demanda dirigida a los titulares de dichos precios.

La respuesta de las diferentes esferas estatales, al menos hasta ahora, fue desentenderse de la situación. Nación, ya durante el gobierno de Alberto Fernández, dio una evasiva y se limitó a advertir que algunos de los terrenos involucrados se encuentran dentro del Registro de Barrios Populares (Renabap), por lo no se pueden desalojar. La Municipalidad de General Pueyrredon sigue como codemandada y dijo ser ajena al conflicto, dado que los predios no son de su propiedad y que además “no cuenta con recursos para abordar la problemática planteada”.

Por la Provincia se le dio intervención al Instituto de la Vivienda, donde la situación es por demás paradójica: es que uno de los terrenos, el más afectado por las tomas, es de su propiedad. Tras meses de silencio, a fines de agosto respondió la Dirección de Asuntos Legales del organismo, sin referirse al requerimiento de la reubicación de los pobladores.

Además, dio cuenta de que está en proceso de desprenderse del predio, al recordar que en 2007 lo adquirió a Forestadora Río Luján SA con una cláusula de revocabilidad que ahora se estaría ejecutando. Es que finalmente el inmueble no se puso destinar al fin previsto, que era la construcción de viviendas, al no poder realizar la subdivisión pretendida por el instituto.

La indiferencia es tal que hasta la Justicia expone sus problemas para asistir en la causa. En los últimos días, el Ministerio Público de la Defensa informó las dificultades para realizar un informe socio-ambiental, encomendado a un perito trabajador social. pero donde la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo que “no resulta posible prestar la colaboración requerida”. Por esto, el Ministerio Público se encuentra gestionando la contratación de una trabajadora social para llevar a cabo el informe pedido por el juzgado, necesario para el avance del expediente.

“Grave e inminente peligro para la vida de las personas”

En su más reciente presentación, Transba SA amplió la demanda aportando prueba documental fotográfica sobre el potencial crecimiento de la toma. En el documento detalló que al intentar realizar las habituales tareas de limpieza en las franjas de seguridad de las líneas de alta tensión, en la parcela 592, “ya se notan nuevas subdivisiones de lotes debajo de los conductores, con la indicación de lote con dueño”. Esos terrenos “ya se encuentran limpios, demarcados y en algunos casos con arbustos a modo de límite entre ellos, lo cual indica que en un futuro cercano se podrían producir nuevas intrusiones, pese al esfuerzo por mantener la franja despejada”.

Asimismo, “se observan árboles plantados y divisiones precarias acompañadas de carteles con la leyenda ´´Tiene Dueño´, lo que sugiere que en un futuro cercano podrían comenzar a construir o instalarse en el lugar”. En el caso de la parcela 593, se encontraron con un chatarrero, donde el ocupante se opuso a que las máquinas realizaran el trabajo para despejar la zona del electroducto.

“Esta situación representa un grave e inminente peligro para la seguridad pública y para la adecuada prestación del servicio público de transporte de energía, pero fundamentalmente para la vida de las personas que se encuentran habitando las viviendas que se están construidas y/o aquellas que se pretendan instalar”, alertó Transba SA.

Ante este nuevo escenario, la concesionaria encargada del transporte de la energía pidió al juez que disponga que los titulares del inmueble “adopten los recaudos necesarios para evitar que se concreten las nuevas intrusiones en la parcela de su propiedad”. Asimismo, pidió una cautelar para que se ordene al ocupante de la parcela 593 que “cese de inmediato con la actividad de acopio y manipuleo de chatarra en la zona del electro conducto”.

Adicionalmente, destacó que “es acuciante la necesidad de que el Instituto Provincial de la Vivienda tome participación en la causa, no solo por ser el titular de dominio del inmueble donde más invasiones se registran, sino además por ser quien se encuentra en mejores condiciones para proporcionar una solución habitacional a las personas que deben ser desalojadas de la franja de seguridad”.

“Es por ello inadmisible que dicho organismo se encuentre rebelde y que no haya respondido ni menos aún cumplido ninguna de las intimaciones dispuestas” por el juzgado. Por ello, pidió que se adopten las medidas de compulsión necesarias con los responsables del Instituto Provincial de la Vivienda a los fines que proporcione una solución habitacional a las personas que deben ser desalojadas. Horas después se conoció la presentación del Instituto, aunque sin tomar responsabilidad alguna en la situación.