“Acusaciones falaces sin sustento jurídico”: primera respuesta tras la denuncia penal contra concejales

La noticia generó un fuerte sacudón en el ámbito de la política doméstica y ya empiezan las primeras especulaciones sobre la viabilidad que podría tener la denuncia penal que organismos de derechos humanos presentaron contra los 15 concejales que en agosto aprobaron la habilitación de un bar de gin en un predio vinculado al excentro clandestino de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (Esim).

La expectativa también estaba puesta en la reacción del oficialismo y en las últimas horas se conoció la primera de ellas. Y provino de uno de los denunciados, el concejal Daniel Núñez, a su vez presidente de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata.

“Que paparruchada lo del abogado mediático de la ciudad. Nuevamente haciendo acusaciones falaces y sin sustento jurídico. No vale todo”, señaló Núñez, en un mensaje en referencia a César Sivo, representante legal de los organismos de derechos humanos que presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Por el momento, no hubo comentarios públicos de los otros 14 ediles del Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza.

A todos ellos se les endilga los presuntos delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración por la sanción de la Ordenanza 26.400 que autorizó el permiso de uso y ocupación con carácter precario a la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, en una parte de la parcela de una hectárea de dominio fiscal municipal ubicada en Avenida de los Trabajadores 5700, en la rotonda de El Faro, donde a su vez se habilita que la entidad ceda el uso del predio a la firma Burbarrel SA -más conocida como Gin Restinga- para la instalación de un negocio gastronómico.

En tanto, a la presidenta de la entidad vecinal, Andrea Trueba, y a la prosecretaria Rebeca Mosqueda, se las señala por presunta administración fraudulenta y defraudación a la administración. Ëste último delito también se le endilga a Burbarrel SA y a sus autoridades, además de cohecho. Si bien el proyecto fue elevado al Concejo Deliberante formalmente por el gobierno, ningún funcionario del Ejecutivo aparece señalado en la demanda.

Mientras el proyecto de ordenanza estaba en tratamiento, los mismos denunciantes habían hecho una presentación ante el fuero Contencioso Administrativo para frenar el avance del expediente. Tras la sanción de la ordenanza, el juez Simón Isacch declaró "abstracta" la cuestión debido, precisamente, a que la normativa ya había sido formalizada.