Acusan a policías de “plantar” drogas en allanamientos, robar dinero, estupefacientes y pedir retornos por horas Cores

Siete meses después de los allanamientos que terminaron con la detención del ex jefe de la Delegación de Drogas Ilícitas Claudio Pontoriero acusado de irregularidades en el manejo de horas Cores, solicitar "retornos" y quedarse con dinero secuestrado en allanamientos, la continuidad de la investigación generó un nuevo cimbronazo en la fuerza. El jefe anterior de la dependencia y otros cuatro efectivos fueron acusados de los mismos delitos y de “plantar” estupefacientes en algunos allanamientos.

El fiscal general adjunto Marcos Pagella le imputó al comisario mayor Leandro Piboleau –actual jefe de la Delegación Dolores- los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, defraudación en perjuicio de la administración pública, hurto calificado por ser cometido por funcionario público y falsificación ideológica de instrumento público. Quien fuera titular de la dependencia antes del detenido Pontoriero deberá presentarse a declarar el miércoles 12 de febrero.

En su presentación a la Justicia de Garantías y tras la tarea que llevó adelante el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI), Pagella también imputó a la comisario Paola Reynaldo, segunda al mando durante la gestión Piboleau, a y a los oficiales Leonardo Mariño, Jonathan Aguirre, Joel Paglione y Carla Navarro. Según la hipótesis fiscal, estos últimos ejecutaban las órdenes de los jefes.

Además de citar a prestar declaración a otros cuatro policías que ya habían sido imputados en la causa inicial, los investigadores decidieron formar una causa por separado por falso testimonio contra otros dieciséis efectivos. En función de las imputaciones precedentemente realizadas, y en virtud de la calidad de funcionarios policiales de los encausados, se comunicó la medida a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

“A partir de la gravedad de los hechos investigados y la sospecha que las prácticas ilegales eran llevadas a cabo por distintos jefes policiales de alto rango, en connivencia criminal con otros funcionarios policiales –algunos de ellos aún en actividad- y en distintas gestiones de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, y en función además que a criterio del suscripto deberían ajustarse mecanismos  de actuación del a Unidad Funcional de Estupefacientes”, indicaron.

El sistema y la continuidad más allá de los nombres

Para los investigadores está acreditada la existencia de un sistema de recaudación forzosa provenientes de horas Cores en perjuicio del personal que prestaba servicio en las distintas Unidades Investigativas del área Operaciones de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas bajo amenaza de retirar la concesión de tales beneficios, de traslados a otras dependencias o el inicio de sumarios administrativos.

Más allá de que la investigación comenzó por una denuncia contra el ex titular Pontoriero –quien cumple prisión preventiva bajo arresto domiciliario-, la ampliación de la causa demostró que ya existía un sistema similar respecto a los viáticos liquidados por el Operativo Sol que fue implementado por el comisario mayor Piboleau y la comisario Paola Reynaldo.

“En el caso de los viáticos, el porcentaje de retorno exigido habría sido del cincuenta por ciento de lo percibido por cada efectivo policial, lo que le habría permitido a esa gestión recaudar solo por Enero de 2024 una suma cercana a los cinco millones de pesos”, dijeron las fuentes consultadas.

Según la teoría del caso, al menos entre enero y junio del año un grupo de personas en forma organizada y previa distribución de roles –aprovechando su condición de funcionarios públicos- montaron un aceitado mecanismo para la comisión de delitos con la finalidad de obtener un indebido provecho económico: se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo y otros bienes –incluyendo estupefacientes que posteriormente “plantaban” en otros allanamientos para garantizar que hubiera resultados positivos.

Ese accionar, que tenía como objetivo incriminar a los investigados a fin de asegurar un resultado positivo junto a la inserción de manifestaciones falsas en declaraciones testimoniales y actas de procedimiento, pudo acreditarse en dos hechos concretos, pero sería una práctica habitual.

Uno de los hechos ocurrió el 28 de abril del año pasado cuando allanaron una vivienda en López de Gomara al 6600 y requisaron un Renault Kangoo: allí se apoderaron de 350 mil pesos e introdujeron estupefacientes para incriminar al investigado. El otro, como se contó oportunamente, sucedió el 6 de junio de ese año tras un allanamiento en un departamento de calle San Luis al 2300 donde robaron cerca de 300 mil pesos.