Las sombras vuelven a proyectarse sobre el área de Licencias de Conducir: la Justicia investiga irregularidades en la tramitación de los carnets

En una decisión que trae a la memoria la escandalosa causa que hace una década reveló la existencia de una asociación ilícita que vendía licencias de conducir ilegales desde el propio Municipio, la Justicia de Mar del Plata lleva adelante una investigación por presuntas irregularidades en la tramitación de licencias de conducir a cambio de dinero. La situación tuvo su correlato a nivel municipal, donde el gobierno de Guillermo Montenegro ordenó abrir un sumario.

Según confirmaron a 0223 fuentes judiciales y municipales, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se encuentra en un estado embrionario y la lleva adelante el Cuerpo de Ayuda Técnica de la Investigación (Cati), desde donde al momento se citó a declaración testimonial a nueve empleados de planta de la Dirección de Licencias de Conducir, dos de los cuales ya prestaron declaración.

Sin embargo, al momento no está del todo claro cómo se inició el proceso que derivó en la causa. Se habla tanto de un sumario previo de la Municipalidad que puso el foco en posibles irregulares en Licencias de Conducir, como de una denuncia penal realizada directamente por agentes municipales en sede judicial.

Sea uno u otro el origen, lo cierto es que está en marcha la investigación donde se analiza la existencia de firmas y sellos fraguados que respaldan la aprobación de exámenes teóricos y prácticos, llevados adelantes por personas que tramitaron su licencias de conducir en la sede del Distrito Descentralizado El Gaucho. Fuentes de la Justicia precisaron a este medio que se sospecha que la finalidad sería económica, ya esas licencias se venderían por fuera de todo circuito legal.

A raíz del proceso judicial que se encuentra en una etapa inicial, en las últimas horas la Municipalidad de General Pueyrredon abrió su propia investigación, en una medida tomada este martes mediante la Resolución 20/25 de la Secretaría de Participación Ciudadana y Descentralización, a cargo del radical Gustavo Serebrinsky, tras recibir un informe del Director General del área que alertó sobre documentación apócrifa.

Según se detalla en el acto administrativo al que accedió 0223, el detonante del proceso fueron “las irregularidades advertidas” sobre firmas y sellos relacionadas a las examinadoras de examen práctico y teórico, “los cuales no serían impuestos por las agentes mencionadas”.

Si bien será un aspecto que se analizará en detalle durante el proceso sumarial, con la búsqueda de responsables, los primeros elementos indican la existencia de documentación que acredita la aprobación de exámenes teóricos y prácticos de personas que tramitaron la licencia, con firmas y sellos que las examinadores no reconocieron haber realizado.

¿Qué dice la resolución?

Según la disposición municipal, el caso fue derivado a la Dirección de Sumarios, que recomendó avanzar con una investigación formal “ante posibles conductas disciplinarias graves”, previstas en los artículos 107 y 109 de la Ley 14.656. Las faltas en cuestión podrían constituir “inconducta notoria” y “acciones que perjudiquen materialmente a la administración o afecten su prestigio”.

Un sumario administrativo innominado es una herramienta legal que permite investigar sin identificar inicialmente a un responsable concreto, y que puede derivar en sanciones si se comprueban actos ilícitos o negligencia en el cumplimiento de funciones públicas.

Un área con antecedentes oscuros

El área de Licencias de Conducir en febrero de este año quedó a cargo de Fernando Barbaricca, un militante de la Coalición Cívica que reemplazó al saliente Leonardo Lampugano. Se trata de una dependencia con reiterados episodios polémicos en el último tiempo, con la causa por las “licencias truchas” como insignia.

En 2014 se destapó la existencia de una asociación ilícita en el seno de la Dirección de Licencias de Conducir, dedicada a la venta ilegal de al menos siete mil carnets. En 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal  N°2 condenó a 14 prisión de prisión a Juan Carlos Belmonte, el exjefe de Licencias de Conducir durante el gobierno de Gustavo Pulti sindicado como el líder de la banda.

También aplicó condenas de entre 4 y 11 años de prisión a otras nueve personas, entre ellas funcionarios, empleados municipales y una gestora. Previamente, otros agentes habían acordado penas menores en juicio abreviado.