Un llamado de alerta al teléfono de Montenegro, el origen de las nuevas sospechas sobre el área de Licencias de Conducir

Casi una década después de destaparse el accionar de una asociación ilícita entre funcionarios y empleados del área de Licencias de Conducir, las sombras vuelven a posarse sobre esa repartición tan relevante en lo que hace a la prestación de servicios municipales. Una doble investigación paralela en la justicia marplatense y en la Municipalidad de General Pueyrredon trata de develar si una vez más existe un esquema de venta ilegal de licencias, donde lo trucho no sería el carné en sí sino el procedimiento para su obtención.

Y el origen de este capítulo se remonta a casi un año atrás. El 6 de marzo del año pasado el intendente Guillermo Montenegro recibió un llamado en su teléfono muy diferente a los varios que día a día le llegan con pedidos, sugerencias o reclamos de vecinos. Con detalles muy precisos, un hombre destacado dentro del ámbito de la cultura marplatense le contó un caso de evidente corrupción que le había ocurrido a una conocida suya al momento de realizar el trámite para renovar la licencia de conducir.  

Al día siguiente el propio Montenegro elevó una nota interna al secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, para iniciar las investigaciones pertinentes. Otras 24 horas transcurrieron para la sanción del decreto que ordenó la instrucción de un sumario contra un agente con nombre y apellido, cuya identidad se resguarda en esta nota por el estado de las actuaciones.

Esa nota interna a la que accedió 0223 y que ya forma parte de la causa que instruye la Fiscalía de Delitos Económicos N°10 con la asistencia del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (Cati), señala la maniobra que el agente habría realizado para quedarse con un dinero indebido. Cuando la mujer se presentó en la sede del Distrito Descentralizado El Gaucho para renovar la licencia, el empleado infiel “le informó que tenía una multa de tránsito de la provincia de Misiones y que ascendía a $300.000, pero que si ella le transfería la suma de $200.000 a un CBU, que le dio escrito en un papel en ese momento, la multa desaparecía”, le puntualizó Montenegro a Martinelli.

La mujer no accedió a lo requerido “pero averiguó que el monto del pago voluntario por la infracción cometida en Misiones ascendía a $150.000”. Es decir, con la estafa el agente recibiría $200.000, con ese dinero pagaba la multa y se quedaba con un saldo de $50.000. Es importante contemplar que de existir una deuda por multas los empleados no gestionan directamente su pago, sino que se habilita un código de pago para abonar la deuda en el marco de un sistema unificado entre distintas jurisdicciones de todo el país.

Pasado más de un año, ese sumario administrativo a la fecha no tuvo una conclusión, que podría ser el sobreseimiento del agente por falta de elementos de prueba o la aplicación de sanciones en caso de encontrarlo responsable, que pueden ir desde una suspensión hasta la cesantía.

Un área atravesada por los conflictos internos

Aquella denuncia que llegó directamente al teléfono de Montenegro fue continuada por un incremento de la conflictividad interna dentro de Licencias de Conducir, un área que en el gobierno reconocen como “compleja” para su conducción.

Por caso, en noviembre una empleada denunció por acoso laboral a cinco compañeros suyos, quienes fueron obligados a realizar la capacitación en la Ley Micaela sobre temáticas de género y violencia contra las mujeres. Sin embargo, nada de ello hizo desaparecer las tensiones.

Ese proceso recordó a lo ocurrido en 2022, cuando tras un sumario el intendente ordenó expulsar a un empleado por violencia de género. No se trataba de un agente cualquiera, sino que era delegado gremial. Por ello mismo, al momento la cesantía no se hizo efectiva, ya que la Municipalidad tramita en la justicia laboral una causa para lograr la exclusión de la tutela gremial que protege al hombre por su rol de delegado.

En tanto, el propio agente tiene un amparo iniciado en el fuero laboral para recuperar los salarios no percibidos en los últimos tres años y otra demanda en el Contencioso Administrativo para anular el decreto que ordenó la cesantía.

Una investigación penal en curso

Y todo terminó de estallar en marzo de este año, cuando una empleada de la delegación de El Gaucho denunció ante la Justicia que se estaban realizando trámites de nuevas licencias con su usuario y sin su autorización. Hasta el momento se relevaron al menos 13 gestiones irregulares, aunque podrían ser más. Esa Investigación Penal Preparatoria (IPP) está a cargo de la UFI N°10 y se encuentra en una etapa inicial, donde al momento se tomaron dos declaraciones testimoniales de las nueve previstas, sin que haya imputados, al menos hasta ahora.

A raíz de este proceso, esta semana el intendente ordenó un nuevo sumario, aunque en este caso “innominado”, es decir, sin agentes sospechados con nombre y apellido. En ese acto administrativo se reflejó la situación de dos empleadas encargadas respectivamente de los exámenes prácticos y teóricos, quienes aseguran que hay documentación fraguada con su firma y sello dado que nunca intervinieron en esos trámites.

En ambas instancias, la investigación judicial y la administrativa, por el momento se están recabando los primeros elementos de prueba. Mientras tanto, sobrevuelan los fantasmas de aquella asociación ilícita descubierta en 2014 y encabezada por el exjefe de Licencias de Conducir, Juan Carlos Belmonte, que en 2018 fue condenado a 14 años de prisión junto a otros nueve funcionarios y empleados que también recibieron penas de entre 4 y 11 años por la venta de, al menos, siete mil licencias truchas.