Trabajo comunitario como sanción: los jueces de Faltas respaldaron el proyecto del PRO y marcaron condiciones

La propuesta para incorporar el trabajo comunitario como sanción dentro del Código Municipal de Faltas de General Pueyrredon recibió el respaldo de los jueces de Faltas que intervinieron en la consulta impulsada por el Concejo Deliberante. Los informes coincidieron con las conclusiones de la iniciativa, aunque también plantearon observaciones y requisitos para que la herramienta pueda llevarse a la práctica de manera efectiva.

El proyecto fue presentado en febrero por Julián Bussetti, presidente del bloque del PRO, con el objetivo de ampliar las alternativas de sanción para quienes cometen infracciones en el distrito. La iniciativa apunta a que las penalidades no dependan exclusivamente de multas económicas y contempla la posibilidad que los infractores realicen tareas no remuneradas en beneficio de la comunidad.

A partir de su tratamiento en la Comisión de Legislación, se solicitaron informes a los Juzgados Municipales de Faltas para conocer sus consideraciones sobre la propuesta. Las respuestas de los juzgados N.º 1, 2, 3 y 5 coincidieron en las conclusiones centrales, aunque el primer informe desarrolló una serie de aspectos operativos que deberían contemplarse para avanzar con su implementación.

Qué cambios propone el proyecto

La ordenanza plantea crear la figura del trabajo comunitario como sanción complementaria o supletoria de las multas, con la posibilidad que los jueces la apliquen junto con una penalidad económica, en reemplazo total o parcial de ella, o como una medida específica en casos de reincidencia.

Entre las tareas contempladas figuran labores de limpieza, restauración y conservación de espacios públicos, además de otras acciones en favor de entidades e instituciones que determine el Ejecutivo. La propuesta también delega en el gobierno municipal la reglamentación de los aspectos operativos, administrativos y de supervisión.

En los fundamentos, Bussetti sostiene que el sistema actual no siempre logra generar conciencia sobre el daño ocasionado ni reparar sus consecuencias para el conjunto de la ciudad. El proyecto hace especial hincapié en las infracciones vinculadas con el arrojo de residuos en la vía pública, los microbasurales y el deterioro de los espacios comunes, aunque el alcance de la herramienta no se limita exclusivamente a esas conductas.

Los jueces señalaron las condiciones para aplicarlo

El informe de Franklin Llan de Rosos, titular del Juzgado de Faltas N.º 1, destacó tres ventajas de la propuesta: el efecto pedagógico, la reparación directa del daño social y una mayor equidad sancionatoria, al evitar que la respuesta dependa exclusivamente de la capacidad económica del infractor.

Sin embargo, advirtió que para que el mecanismo sea factible deberán establecerse convenios con organizaciones e instituciones que puedan recibir a quienes deban cumplir las tareas. También consideró necesario clasificar las faltas alcanzadas por esta modalidad, crear mecanismos de seguimiento y control y fijar equivalencias objetivas entre los montos de las multas y las horas de trabajo comunitario.

El magistrado planteó que el cumplimiento deberá ser verificable, mediante tutores o asistentes que certifiquen las tareas realizadas. Además, señaló la importancia de determinar de antemano qué infracciones -entre ellas, las ambientales, las vinculadas con la convivencia y algunas faltas de tránsito menores- podrían recibir este tipo de sanción.

La titular del Juzgado de Faltas N.º 2, María Paula Hernández, manifestó su coincidencia con las conclusiones del primer informe, aunque agregó una advertencia sobre los límites de la herramienta. A su criterio, la simple imposición del trabajo comunitario no alcanza para garantizar el cumplimiento, ya que la problemática de fondo es educativa y excede las posibilidades de intervención de esa dependencia municipal.

Por su parte, Pedro López Martinucci, del Juzgado N.º 3, y Leandro Gabás, del Juzgado N.º 5, también adhirieron a las conclusiones expuestas por Llan de Rosos y Hernández. En los textos remitidos no incorporaron observaciones adicionales propias.

Los aportes realizados por los titulares de los Juzgados de Faltas serán analizados este lunes en la Comisión de Legislación, donde los concejales marcarán la continuidad del expediente.