Tras las dudas sobre los controles, impulsan un régimen de multas específico para las apps de transporte

La Unión Cívica Radical (UCR) presentó al Concejo Deliberante un proyecto para crear un régimen específico de multas y sanciones para las apps de transporte en Mar del Plata y reforzar la aplicación de la ordenanza aprobada en junio, luego de las dudas surgidas sobre la capacidad sancionatoria del Estado municipal.

De este modo, la regulación de las aplicaciones de transporte en General Pueyrredon podría sumar una nueva pieza clave. A menos de un mes de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza que legalizó el funcionamiento de las Empresas de Tecnología de Movilidad (ETM), el bloque UCR, a través del concejal Ariel Bordaisco, presentó un proyecto para incorporar al Código de Faltas Municipal un régimen específico de infracciones y sanciones destinado a conductores, vehículos y plataformas que incumplan la normativa vigente.

La iniciativa surge luego de que distintos sectores advirtieran que la ordenanza sancionada el pasado 18 de junio carece de un esquema propio de penalidades, lo que abría interrogantes sobre las herramientas reales con las que contaría el Municipio para fiscalizar y sancionar eventuales incumplimientos.

De hecho, el artículo 9 de la ordenanza estableció que las infracciones serían sancionadas conforme al Código de Faltas Municipal, pero sin crear un capítulo específico para esta nueva modalidad de transporte. Según plantea ahora el proyecto, esa situación podría "dificultar la fiscalización efectiva de la actividad, la aplicación uniforme de la normativa y la actuación de la Autoridad de Aplicación y del Juzgado de Faltas".

Con ese diagnóstico, la propuesta presentada este martes incorpora un nuevo capítulo al Título VI del Código de Faltas, dedicado exclusivamente al Servicio de Transporte Privado de Personas a través de Empresas de Tecnología de Movilidad.

Un catálogo de infracciones

El proyecto de Bordaisco enumera una serie de conductas sancionables tanto para las plataformas como para los conductores y los titulares de los vehículos.

Entre ellas se encuentran operar sin inscripción o habilitación municipal; no registrarse en el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad; asignar viajes a conductores no autorizados; prestar el servicio sin inscripción; utilizar vehículos que no cumplan con la documentación exigida, la Verificación Técnica Vehicular, el seguro correspondiente o la antigüedad permitida; conducir sin licencia profesional; captar pasajeros en la vía pública; incumplir los controles sobre conductores y vehículos; negarse a entregar información requerida por la autoridad de aplicación y realizar publicidad de plataformas no habilitadas.

En la mayoría de los casos, además de las multas, el proyecto contempla la posibilidad de aplicar inhabilitaciones temporarias y clausuras para las empresas por hasta 90 días y, en determinadas situaciones, el secuestro preventivo del vehículo utilizado para prestar el servicio. Asimismo, contiene multas económicas de distinta graduación.

Multas y secuestro de vehículos

La iniciativa establece distintos rangos de sanciones según la gravedad de la infracción. Las multas previstas oscilan entre el 0,25% y el 80% de la escala prevista por el Código de Faltas, mientras que las inhabilitaciones podrían extenderse hasta 90 días.

También habilita el secuestro preventivo del vehículo cuando el conductor opere sin habilitación, carezca de la documentación obligatoria, no posea el seguro exigido para el transporte oneroso de pasajeros, incumpla las condiciones mínimas de seguridad o realice captación de pasajeros en la vía pública.

Otro aspecto relevante es que el proyecto establece la responsabilidad solidaria entre la empresa tecnológica, el conductor, el titular registral del vehículo y quien resulte responsable de su explotación, dependiendo del tipo de infracción.

La búsqueda de darle operatividad a la ordenanza

En los fundamentos, el autor sostuvo que el objetivo es "dotar de operatividad" a la ordenanza aprobada el mes pasado para evitar que las obligaciones impuestas a las plataformas y a los conductores "queden desprovistas de consecuencias sancionatorias claras". También remarcó que un régimen específico permitirá resguardar la seguridad de usuarios y terceros, mejorar la trazabilidad del servicio y facilitar las tareas de fiscalización municipal.

La ordenanza sancionada en junio había sido aprobada tras un extenso debate y una votación dividida. La norma creó el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad, habilitó el funcionamiento de plataformas como Uber, DiDi y Cabify bajo determinadas condiciones y fijó requisitos para los conductores, entre ellos contar con licencia profesional D1 emitida en General Pueyrredon, certificado de antecedentes penales, seguro específico para transporte de pasajeros, VTV vigente y vehículos con una antigüedad máxima de 15 años.

Sin embargo, en paralelo surgieron cuestionamientos respecto de la ausencia de un régimen sancionatorio propio, un aspecto que ahora la UCR busca corregir mediante una modificación del Código de Faltas. De prosperar el proyecto, el Municipio contaría por primera vez con un catálogo específico de infracciones y penalidades para controlar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en el distrito.