Cambios en los Tribunales de Faltas: oficializan un viejo anhelo y finalmente un juzgado se especializará en fotomultas

El Juzgado de Faltas N°3 tendrá a su cargo en forma exclusiva las infracciones de tránsito detectadas mediante cinemómetros fijos y controladores de semáforos.  El N°4 quedará abocado únicamente a cuestiones vinculadas con los derechos de consumidores y usuarios. La reorganización se concreta luego de que el año pasado se completaran las vacantes que durante años habían condicionado el funcionamiento del Tribunal Municipal de Faltas.

Tras años de vacantes, los cinco Juzgados de Faltas fueron completados en noviembre del año pasado.

25 de Agosto de 2026 19:02

Por Redacción 0223

PARA 0223

La promesa de años de especializar un Juzgado Municipal de Faltas en materia de fotomultas finalmente se comenzará a concretar en los próximos días, tras una medida tomada en las últimas horas por el intendente Agustín Neme y que es posible luego que en noviembre del año pasado se completaran las tres vacantes que se arrastraban desde 2018.

A través del Decreto 1661/2026 firmado por el jefe comunal y el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, el gobierno local dispuso modificaciones en el Reglamento para el Funcionamiento y Organización del Tribunal Municipal de Faltas, estableciendo competencias temáticas para los cinco juzgados.

La principal novedad es que el Juzgado de Faltas N°3, a cargo de Pedro López Martucci, tendrá en forma exclusiva la atención, el juzgamiento y la aplicación de sanciones sobre la totalidad de las infracciones de tránsito constatadas mediante equipos cinemómetros fijos y controladores de semáforos emplazados en el partido de General Pueyrredon.

El Juzgado de Faltas N°3 se abocará a las infracciones por fotomultas.

Se trata de las infracciones que habitualmente son conocidas como fotomultas y que incluyen, entre otras, las constataciones realizadas mediante dispositivos destinados a detectar excesos de velocidad y cruces de semáforos en rojo. El decreto encuadra esta competencia en la normativa provincial que habilita el sistema de constatación mediante estos equipos.

A partir de la nueva organización, los Juzgados de Faltas N°1, N°2 y N°5 quedarán a cargo del resto de las infracciones de Transporte y Tránsito que se registren en el partido, es decir, todas aquellas que no sean detectadas mediante cinemómetros fijos o controladores de semáforos. La distribución entre esos tres juzgados se realizará mediante turnos semanales rotativos. De esta manera, el Juzgado N°3 queda específicamente excluido de esa distribución cuando se trate de infracciones de tránsito que no correspondan al sistema de fotomultas.

Sintéticamente, en los fundamentos se expuso que la medida responde a "la necesidad de adecuar la distribución de competencias entre los Juzgados Municipales de Faltas del Partido de General Pueyrredón, a fin de optimizar su funcionamiento".

Por su lado, el Juzgado 4 se abocará exclusivamente a temas vinculados a defensa del consumidor y el usuario.

La reorganización fue posible luego de que se completaran las cinco plazas que actualmente conforman el Tribunal Municipal de Faltas. En noviembre del año pasado se cubrieron las tres vacantes que se arrastraban desde 2018, después del correspondiente trámite en el Concejo Deliberante y de las designaciones efectuadas por el entonces intendente Guillermo Montenegro.

El Juzgado de Faltas N°1 está a cargo de Franklin Ezequiel Llan de Rosos, quien entre 2019 y 2020 se desempeñó como subsecretario de Legal y Técnica durante la gestión de Montenegro; en el Juzgado N°2 fue designada María Paula Hernández, abogada de importantes empresas de la ciudad; mientras que en el N°5 asumió Leandro Gabás, vinculado a la Unión Cívica Radical y presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata.



 

Un juzgado exclusivo para Defensa del Consumidor

El decreto también establece una segunda modificación relevante en la distribución de competencias: el Juzgado de Faltas N°4, conducido por Fernando Mumare, tendrá en forma exclusiva el tratamiento de los asuntos vinculados con los derechos del consumidor y usuario.

La medida retoma, en los hechos, el criterio de especialización que ya había sido contemplado por normativa municipal en 2009, pero que con el paso del tiempo había perdido aplicación efectiva debido a la sobrecarga de trabajo y a las vacantes existentes en el Tribunal.

Mumare tendrá así a su cargo el juzgamiento y la aplicación de sanciones en materia de Defensa del Consumidor, en el marco de la Ley Nacional 24.240, la Ley provincial 13.133 y el resto de la normativa aplicable. El Juzgado N°4 quedará, además, excluido de la distribución de actas correspondientes a las faltas y contravenciones municipales generales.

Para las restantes materias que no sean de tránsito ni correspondan específicamente a Defensa del Consumidor, la competencia quedará repartida entre los Juzgados N°1, N°2, N°3 y N°5 mediante un sistema de turnos semanales y rotativos. El decreto también establece que la Mesa General de Entradas será la encargada de derivar las actas al juzgado correspondiente de acuerdo con estas nuevas competencias y turnos.

Con el sistema de fotomultas implementado en 2022, el Estado municipal viene generando un mayor caudal administrativo en los Juzgados de Faltas.

 

Qué pasa con las causas que ya están en trámite

Uno de los puntos establecidos por la nueva normativa es que la redistribución de competencias comenzará a aplicarse desde la publicación del decreto, pero no modificará automáticamente los expedientes que ya se encuentran en trámite.

En concreto, el decreto establece que las actuaciones continuarán bajo el régimen de competencia vigente al momento de su inicio, salvo que exista una disposición expresa en contrario. De esta manera, el cambio apunta principalmente a ordenar la asignación de las nuevas causas que ingresen al Tribunal Municipal de Faltas.

La norma también prevé un mecanismo para resolver eventuales conflictos de competencia entre los distintos juzgados: quedarán a cargo de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, que deberá intervenir ante cualquier controversia que surja por la aplicación del nuevo esquema.

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