Ioma: los afiliados llevan sus reclamos a la Justicia y apuntan contra Giles y Kreplak

Después de meses de reclamos por la falta de cobertura, las demoras en la atención y las dificultades para acceder a tratamientos, afiliados de Ioma de Mar del Plata buscan llevar sus denuncias a otro terreno: la Justicia. La convocatoria apunta a reunir testimonios y documentación de pacientes, profesionales y prestadores que hayan sufrido o conocido irregularidades en el funcionamiento de la obra social bonaerense para apuntar contra Homero Giles.

La iniciativa se enmarca en una causa penal que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, donde se investigan presuntos delitos vinculados con la administración de los fondos públicos de la entidad. El expediente incluye acusaciones por administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

La convocatoria busca que quienes tengan información relevante se presenten ante la Justicia y aporten elementos que permitan profundizar la investigación. Entre las pruebas que se pretende reunir figuran expedientes judiciales, registros de cobros indebidos, demoras en derivaciones y documentación sobre prestaciones que no se habrían garantizado.

El avance de esta iniciativa vuelve a poner bajo cuestionamiento a Homero Giles, presidente de IOMA, y Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, en un escenario en el que los afiliados reclaman respuestas por el deterioro de la cobertura y la falta de soluciones a sus problemas cotidianos.

De los reclamos por atención médica a una causa penal

En Mar del Plata, la crisis de la obra social se traduce en dificultades concretas para miles de afiliados. La reducción de prestadores, los conflictos con clínicas, las demoras en las autorizaciones y los problemas para acceder a tratamientos forman parte de un escenario que ya motivó movilizaciones y presentaciones judiciales.

Uno de los casos que expuso la gravedad de la situación fue el de Silvia Nancy González, la mujer de 56 años que murió el 30 de abril, luego de atravesar una serie de dificultades para conseguir atención especializada tras sufrir un infarto. Su hija denunció demoras en las derivaciones y problemas para garantizar la cobertura, y el caso derivó en movilizaciones frente a la sede local de IOMA.

Ahora, la convocatoria para aportar testimonios busca reunir esas experiencias y convertirlas en elementos de prueba dentro de una investigación penal. La presentación de documentación sobre prestaciones incumplidas, cobros y derivaciones podría contribuir a determinar el alcance de las irregularidades denunciadas.

Los afiliados reclaman explicaciones a la conducción de IOMA y al Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Kreplak, por la situación de una obra social que debería garantizar la atención médica de los trabajadores estatales y sus familias.

La denuncia judicial apunta, entre otros funcionarios, al presidente del organismo y al gobernador Axel Kicillof, por presuntas irregularidades en la administración. La investigación deberá establecer si existieron delitos y cuáles fueron las eventuales responsabilidades de los involucrados.