Investigan a los dueños de una ortopedia de Mar del Plata por vender insumos quirúrgicos vencidos y de contrabando

Este jueves fue formalizada una investigación a cargo de la Justicia Federal de Mar del Plata, contra una ortopedia que se dedicaba a la venta de articulos quirúrgicos. Por la causa quedaron involucrados un hombre y una mujer que se encontraban en frente de la firma. El caso se inició tras una inspección de Anmat, en la que encontraron 336 insumos quirúrgicos sin documentación sanitaria, de los cuales 161 estaban vencidos

La causa se inició a fines de 2025, a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de una inspección realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en un establecimiento de la firma Tecnoprot.

Durante el procedimiento encontraron 336 puntas de shaver de distintos lotes, modelos y marcas. Se trata de instrumental quirúrgico descartable que se utiliza en intervenciones para cortar tejidos blandos y cartílagos, remover huesos y trabajar sobre articulaciones. 

Según detalló la fiscalía, los productos no tenían información sobre el importador responsable en Argentina ni datos de registro sanitario. Además, están clasificados como dispositivos médicos de clase de riesgo II. Durantes los los peritajes detectaron conversaciones que revelarían maniobras para adulterar las fechas de caducidad y comercializar los productos como aptos para su uso.

El fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó la investigación penal contra los responsables de la firma. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, acompañado por la auxiliar fiscal Victoria Piro, les atribuyó provisoriamente los delitos de encubrimiento de contrabando y distribución y/o almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

A pedido de la fiscalía, el juez de Garantías Santiago Inchausti dispuso un plazo de 180 días hábiles para avanzar con la investigación. También ordenó la inhibición general de bienes de los dos imputados y de la empresa.

Los productos habrían ingresado al país sin autorización: 

En el marco de la investigación, la Aduana informó que no existía documentación que acreditara la legítima adquisición de los elementos. También indicó que estos insumos no se fabrican en Argentina y que su importación y comercialización requieren la intervención de las autoridades aduaneras y sanitarias.

Por otra parte, representantes de las únicas dos empresas habilitadas para importar y comercializar estos productos en el país aseguraron que no habían ingresado el material encontrado en el depósito de la ortopedia, que también cuenta con una sucursal en Bahía Blanca.

De las 336 puntas de shaver secuestradas, 161 estaban vencidas, con fechas de caducidad que iban de 2010 a 2024. Para las restantes, la Aduana estableció un valor en plaza de $25.950.000.

Por estos elementos, la fiscalía atribuyó a los responsables el presunto encubrimiento de contrabando, en los términos del artículo 874 del Código Aduanero.

La pruebas claves de la investigación

Los peritajes, realizados por el Departamento Forense Digital del Consejo de la Magistratura, permitieron encontrar conversaciones que darían cuenta de una presunta maniobra para modificar las etiquetas de los productos.

Según expuso el fiscal Martínez, los mensajes revelarían que uno de los imputados habría solicitado planchas de etiquetas adhesivas para las puntas de shaver, con instrucciones para alterar las fechas de vencimiento y ocultar que el instrumental estaba fuera de su período de vigencia.

La hipótesis fiscal sostiene que los responsables habrían distribuido estos productos vencidos, junto con otros insumos médicos, implantes ortopédicos e instrumental quirúrgico, dentro del sistema hospitalario como si fueran aptos para su utilización. La maniobra habría ocurrido durante más de dos años, entre abril de 2024 y el 28 de mayo de 2026, fecha en la que se realizaron los allanamientos.

La fiscalía encuadró provisoriamente esta conducta en el delito de distribución y/o almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, previsto en el artículo 201 del Código Penal.

El fiscal Martínez sostuvo que todavía quedan medidas pendientes para reconstruir el alcance de las maniobras y determinar si hubo otras personas involucradas. Además, advirtió sobre la posible existencia de víctimas que podrían haberse visto afectadas por la adquisición y utilización de las puntas de shaver vencidas en establecimientos de salud.