Desesperación de 30 familias: los intimaron a abandonar sus viviendas en Chapadmalal

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó a 30 trabajadores que residen dentro del complejo turístico de Chapadmalal para que abandonen sus viviendas en un plazo de diez días. Esta medida, que sorprendió y generó desesperación entre las víctimas, forma parte del proceso que impulsa el Gobierno nacional para concesionar el predio a la inversión privada.

Las familias afectadas, muchas con hijos y en algunos casos con más de dos décadas viviendo en el lugar, recibieron la intimación mientras el Ejecutivo avanza en la privatización del complejo. La delegada de ATE, Florencia Marco Ruiz, aclaró que estas viviendas fueron entregadas como parte de las condiciones laborales para quienes desempeñan tareas en Chapadmalal, ya que no se entregaron como "un favor" sino "como trabajadores del Estado”.

Ante esta situación, informaron que el sindicato está asesorándose con sus abogados y que ya presentaron una medida cautelar para detener el desalojo.

La situación no es nueva sino que hace muy poco tiempo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había confirmado en una conferencia de prensa que el Gobierno continuaba con el proceso de concesión del complejo turístico. Según explicó entonces, la intención oficial es atraer inversión privada, restaurar las instalaciones, mejorar la calidad del servicio y disminuir los costos de mantenimiento que actualmente afronta el Estado.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de una temporada 2026 en la que la Unidad Turística Chapadmalal permaneció cerrada, apenas semanas después de que el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, anticipara que “lo que viene va a ser muy bueno a partir de la inversión privada”.

El antecedente más reciente de esta situación data de abril de 2024, cuando el Gobierno declaró la “innecesariedad” del espacio de turismo social y transfirió su administración a la AABE. Desde entonces, tanto Chapadmalal como el complejo de Embalse en Córdoba permanecen cerrados, mientras crecen las señales oficiales hacia su privatización o concesión.