Vendedores ambulantes marcharon contra el cierre de la Saladita y dijeron que "no era una feria ilegal"

La noticia del desalojo de la feria de la Bristol conocida como "la saladita de Mar del Plata" generó un impacto muy grande en los marplatenses y en especial en los vendedores ambulantes que se vieron afectados. Por eso, integrantes y representantes del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) marcharon al Municipio para pedir respuestas.

Walter Rivero, referente del gremio, reclamó la reapertura de una mesa de diálogo y exigió respuestas para las familias que, según indicó, quedaron sin trabajo tras el operativo en la feria. “Queremos que alguien nos atienda y nos diga qué va a pasar con toda esta gente. Son 200 familias que hoy se quedaron sin su fuente laboral y el Municipio todavía no dio una respuesta”, sostuvo en diálogo con 0223.

Rivero rechazó los dichos oficiales que señalaban que la feria funcionaba de manera irregular. “La feria hace 25 años que estaba ahí, tuvo permisos y estaba en proceso de regularización. Nunca estuvo ilegal. Lo que sí fue ilegal fue el desalojo y la destrucción”, afirmó.

En ese sentido, explicó que desde el sector venían trabajando junto al Municipio para darle un marco formal al espacio. “Habíamos presentado un proyecto para adecuarnos a la ordenanza de ferias móviles y también avanzar en la reactivación de una licitación a través de una mutual. Todo esto se hablaba con las autoridades, por eso no entendemos por qué se actuó de esta manera”, señaló.

Críticas al operativo y al desalojo

El dirigente también cuestionó la forma en la que se llevó adelante el procedimiento. Aseguró que no fueron notificados previamente y que el operativo se realizó con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad. “Había ambulancias, carros hidrantes, motos, patrulleros y efectivos con escudos y palos. Nosotros nunca fuimos violentos, siempre nos manifestamos de forma pacífica”, dijo.

Además, afirmó que no existía una orden de desalojo clara. “Nos mostraron un papel, pero no había una orden judicial que avalara lo que estaban haciendo. Por eso se hizo de madrugada, porque si era de día íbamos a apelar a la Justicia”, planteó.

Rivero también denunció que el accionar incluyó allanamientos en su domicilio. “Me allanaron la casa dos días seguidos, rompieron todo y se llevaron pertenencias, incluso ahorros de mis hijos. Todo eso lo tendrá que resolver la Justicia”, indicó.

“No se está priorizando el trabajo”

Para el referente del Sivara, la decisión de avanzar con la demolición de la feria dejó en evidencia una falta de políticas para el sector. “No se está priorizando el trabajo ni la necesidad de la gente. Se está dejando a muchas familias sin ingresos y sin ninguna alternativa”, remarcó.

En ese contexto, advirtió que la situación no solo afecta a ese espacio, sino también a otros trabajadores informales. “Esto alcanza a feriantes, a los de Plaza Rocha, a los choripaneros. La venta ambulante crece porque no hay empleo y es la única salida para mucha gente”, explicó. Y agregó: “El Municipio siempre supo esto y permitió que se generen espacios. Incluso se fue ampliando porque la necesidad era cada vez mayor”.

El reclamo por una solución integral

Rivero insistió en que la salida no pasa por desalojos sino por regularizar la actividad. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido con La Salada en Buenos Aires. “Fue intervenida por la Justicia, pero no la demolieron. Se organizaron cooperativas y se priorizó el trabajo”, comparó.

En Mar del Plata, en cambio, aseguró que “no hay ninguna propuesta concreta”. “Hoy no tenemos respuesta. Queremos que se abra el diálogo y que se busque una solución real para que la gente pueda seguir trabajando”, sostuvo.

Consultado por las denuncias judiciales en su contra por presunto cobro irregular a feriantes, Rivero lo negó de manera tajante. “Yo no le cobro a nadie para trabajar en la calle. El sindicato es de gente que no tiene recursos, muchos ni siquiera pueden pagar la afiliación”, afirmó.

También señaló que toda la información ya está en manos de la Justicia. “Allanaron mi casa, tienen mis teléfonos y los datos del sindicato. Voy a dar todas las explicaciones que correspondan, no tengo nada que ocultar”, dijo.

Sobre quiénes administraban la feria y si existían cobros a los puestos, fue más cauto: “Algunas cosas conocemos y otras no, pero todo se va a esclarecer en la Justicia. Nosotros no vamos a entorpecer la investigación”.

Sin lugar para reubicarse

Ante la posibilidad de trasladar a los feriantes a Plaza Rocha, Rivero consideró que no es una solución viable. “Ya hay mucha gente ahí. No se puede seguir sumando sin una planificación. Tiene que haber una alternativa real”, planteó.

Además, cuestionó la destrucción de la infraestructura. “No era del Municipio, era de la gente. No podían pasar la topadora sobre algo que no les pertenecía”, afirmó.

Finalmente, Rivero apuntó a la falta de definiciones oficiales. “Nadie se hace responsable de haber dejado a 200 familias sin trabajo. Todos hablan, pero nadie dice quién ordenó la demolición”, expresó.

Y cerró con un reclamo concreto: “Queremos que aparezcan los responsables y, sobre todo, que se abra el diálogo. La gente hoy no tiene dónde trabajar ni cómo llevar comida a su casa. Esa es la urgencia”.