Continúa el conflicto por la Saladita: desde Sivara convocan a una movilización pacífica frente a la Municipalidad

En los últimos días, el Intendente Agustín Neme presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la Feria de la Bristol, conocida como “La Saladita”, recientemente desalojada.

La denuncia forma parte de la causa federal que está en curso y por la cual se realizaron los allanamientos el pasado 15 de abril, tanto en la Feria como en la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara).

El Intendente aseguró que, de acuerdo al testimonio de feriantes, se pudo constatar que las y los trabajadores de la Saladita pagaban importantes sumas de dinero por el uso de los puestos, a supuestos "cobradores" que no emitían facturas ni comprobantes.

La respuesta del sindicato no tardó en llegar. A través de las redes sociales, la Comisión Directiva de Sivara convocó a una movilización pacífica frente a la Municipalidad, para este lunes a las 10 de la mañana.

Después del desalojo, los representantes del sindicato dijeron que el procedimiento dispuesto por el juez federal Santiago Inchausti fue realizado "sin ningún tipo de orden judicial, es decir, de manera ilegal".

El desalojo de la Saladita de la Bristol

En la madrugada del jueves 16 de abril, en un operativo que involucró a distintas fuerzas, se desalojó el Paseo de Compras de la Bristol. "Casi 300 familias marplatenses, que digna e independientemente trabajaban, han sido arrojadas a la desocupación y despojadas de sus pertenencias y puestos de trabajo", expresaron desde el Sivara el día siguiente.

El sindicato cruzó a Neme por llevar adelante una "una campaña de publicidad política de mano dura" y explicó que "durante estos últimos dos años hemos intentado, por múltiples vías, arribar a un acuerdo pacífico con el Gobierno Municipal, con quien hemos mantenido dialogo y realizado trabajos de manera conjunta de reordenamiento del espacio público".

Las tareas de demolición y de limpieza se realizaron durante la madrugada, con topadoras y maquinaria. Para la mañana, más de 170 puestos habían sido completamente desmantelados.

El operativo contó con la participación de más de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina, más de 150 de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de casi 100 agentes municipales de diferentes áreas y entes descentralizados como Seguridad, EMSUR, EMVIAL, Inspección General y SAME.