Tras una nueva muerte, piden declarar la Emergencia en Seguridad Vial en Mar del Plata

Un proyecto de ordenanza presentado este lunes en el Concejo Deliberante propone declarar la Emergencia en Seguridad Vial en el partido de General Pueyrredon por el plazo de un año, ante el sostenido aumento de accidentes, heridos y víctimas fatales en la ciudad. La iniciativa lleva la firma del concejal Diego García, del bloque de Unión por la Patria, y apunta a implementar medidas urgentes de prevención, control y concientización.

La propuesta se apoya en datos que exponen el crecimiento significativo en las víctimas en los últimos meses. Por caso, la ONG Familiares de Víctimas del Delito y del Tránsito relevó 70 muertes durante 2025 en la región, un incremento del 40% respecto a los 43 casos de 2024. En tanto, la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos confirmó 52 homicidios culposos en General Pueyrredon, 30% por encima de los 40 de 2023.

Por su lado, el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) reportó que los siniestros viales representan la principal causa de ingreso por lesiones a la guardia. Durante 2025, se registraron 2.275 pacientes por accidentes de tránsito, lo que equivale a casi el 40% del total de heridos atendidos. El informe también destaca el peso de las motos, presentes en casi el 70% de los choques, y el perfil de las víctimas: mayormente hombres jóvenes, con un promedio de edad de 25 años.

La tendencia, según el texto, se mantiene en 2026: en poco más de 100 días ya se contabilizan 26 víctimas fatales, entre conductores y peatones. El último ocurrió este mismo martes, con el fallecimiento de Mariano Frías (30 años), quien el domingo colisionó contra un camión cuando circulaba en su moto.

En ese contexto, la iniciativa señala la necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir los riesgos en la vía pública y cuestiona la falta de publicación de estadísticas oficiales, al advertir que el Observatorio de Seguridad Vial no difunde informes desde 2023.

Entre los ejes centrales, el proyecto propone reforzar los controles de tránsito, equipar al personal del área, impulsar campañas de concientización y ejecutar obras de infraestructura en zonas críticas. También plantea reactivar el Observatorio de Seguridad Vial y establecer la publicación trimestral de informes durante el período de emergencia.

Más allá de una declaración de tinte político, la emergencia lo que facilita son las diligencias administrativas para que el Estado implemente medidas en un corto plazo, por caso, en los mecanismos de compras y contrataciones. La ordenanza, de aprobarse, facultaría al Ejecutivo a celebrar convenios con sectores públicos y privados para dar respuesta a la situación. Además, busca reinstalar en la agenda local la problemática de la siniestralidad vial, en un escenario marcado por cifras en alza y reclamos de familiares de víctimas por mayores controles y políticas sostenidas.