La Justicia obligó al Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
Se reestablecerán las pensiones por invalidez y se garantizará la continuidad de los tratamientos que habían sido interrumpidos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Justicia acaba de dejar sin efecto el decreto con el que el Gobierno nacional había frenado la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Nación el pasado septiembre. Con el nuevo fallo, se reestablecen las pensiones por invalidez y se garantiza la continuidad de los tratamientos que habían sido interrumpidos.
El fallo fue emitido por el Juzgado Federal de Campana y declara inválido el artículo central del Decreto 681/2025. El juez Adrián González Charvay consideró que el Ejecutivo no podía suspender por decreto una ley ya sancionada por el Congreso y cuya promulgación era obligatoria.
El decreto anulado había sido la estrategia de Milei para demorar la aplicación de la ley argumentando que antes era necesario definir “las fuentes de financiamiento”. La suspensión interrumpía miles de tratamientos y de prestaciones esenciales que actualmente reciben personas con discapacidad de todo el país.
El amparo colectivo que frenó el decreto de Milei
El caso fue impulsado por particulares con el apoyo de organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad. Para el Juzgado Federal de Campana el Ejecutivo violó la Constitución Nacional al intentar frenar esta ley mediante un decreto, sobre todo cuando ya había sido superado el veto presidencial y la confirmación de las dos Cámaras del Congreso.
Desde el Foro Permanente de Personas con Discapacidad celebraron el fallo: “Es una gran noticia”. Para este colectivo la sentencia implica una protección de los derechos esenciales como la salud, la educación y la rehabilitación. A través de esta disposición se volverán a garantizar los tratamientos, el pago retroactivo a prestadores y la actualización permanente de aranceles.
Además, el fallo advierte que atentar contra estos derechos esenciales es vulnerar nuestro propio marco normativo y los tratados internacionales que contemplamos en nuestra Constitución. Por eso, obliga al Estado a asegurar la calidad de vida de todas las personas que tienen acceso a estas prestaciones.
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