Afiliados de IOMA denunciaron infiltrados en un grupo: "Tuvieron acceso a relatos de angustia y dolor"

Afiliados autoconvocados de Ioma difundieron una carta abierta a la comunidad en respuesta a declaraciones de Homero Giles, titular de la obra social, en las que puso en duda los reclamos por la falta de cobertura médica.

En el documento denunciaron que un agente de seguridad se infiltró durante más de un año en el grupo de WhatsApp bajo una identidad falsa y tuvo acceso a “relatos de angustia, pedidos desesperados, historias de vida atravesadas por la enfermedad, situaciones extremas y el dolor de quienes peregrinan en busca de atención”.

Asimismo, rechazaron la acusación de recibir financiamiento externo o de responder a intereses políticos. “Nuestra organización es absolutamente independiente y está conformada por afiliados que, ante el desamparo, decidimos unirnos en la más absoluta soledad. Cada una de nuestras acciones ha sido sostenida con esfuerzo propio”, remarcaron.

El grupo de autoconvocados está conformado por docentes jubiladas, personas con discapacidad y familias que luchan por acceder a la salud. Según explicaron, el deterioro de los servicios comenzó en 2020, “cuando se implementaron recortes sistemáticos en prestaciones esenciales y familias perdieron seres queridos sin acceso a tratamientos adecuados”.

“Personas con discapacidad vieron reducida la provisión de insumos básicos, como pañales, dejando de garantizarse las cuatro unidades diarias. Desde entonces, los recortes no han hecho más que profundizarse: han sido constantes y progresivos, adoptados incluso por decisiones del Honorable Directorio, con la firma, el voto y la voz de las vocalías gremiales”, agregaron.

En este contexto, señalaron que hubo cambios en la entrega de medicación oncológica, donde se intentó ofrecer alternativas más económicas que no funcionan en todos los casos, además de restringirse tratamientos de radioterapia.

Además, cuestionaron que la apertura de los policonsultorios “incorpora actores en la cadena de pagos bajo sospecha de irregularidades, mientras instituciones históricas y con trayectoria son asfixiadas financieramente hasta su eventual absorción, empujadas al límite en un mecanismo que parece ideado para apropiarse de lo ajeno”, sentenciaron.

En Mar del Plata, la falta de prestadores agrava una crisis que se vuelve más visible y cruel, revelaron. “Nuestra ciudad expone una realidad que atraviesa a toda la provincia: la vulneración sistemática del derecho a la salud. Aquí se vuelve más evidente porque las opciones son menos”.

Para finalizar, aseguraron que esperan el avance de la causa contra Giles por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

“Todo podría resumirse en pocas palabras: lo que está en juego es la vida, y lo que la atraviesa es la corrupción”, concluyeron.