Baja la edad y cambia el enfoque: las claves del proyecto de Montenegro para modificar el régimen penal juvenil

El senado provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto para reformar el régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires con un objetivo central: actualizar la normativa vigente y alinearla con los cambios impulsados a nivel nacional. La propuesta introduce modificaciones sobre la ley 13.634 sin reemplazarla por completo, pero sí reconfigurando aspectos clave de su funcionamiento.

Uno de los puntos más relevantes es la baja de la edad de imputabilidad. El texto establece que el sistema penal juvenil abarcará a adolescentes desde los 14 años, ampliando así el alcance actual. Con este cambio, se replica el criterio adoptado en la discusión nacional y se incorpora a una franja etaria que hasta ahora quedaba fuera del régimen penal.

Más allá de la edad, el proyecto plantea un giro en el enfoque. La iniciativa propone dejar atrás un modelo centrado principalmente en la tutela para avanzar hacia un esquema de responsabilidad penal juvenil. Esto implica que, además de contemplar la situación del menor, el sistema ponga el acento en la respuesta frente al delito, aunque manteniendo como objetivo la reinserción social.

En ese marco, la propuesta también redefine el funcionamiento del fuero especializado. Se prevé que intervengan jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos con formación específica en niñez y adolescencia, con la intención de dar un tratamiento diferenciado a este tipo de casos.

En paralelo, se amplía el rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La iniciativa contempla su participación en distintas instancias, así como el acceso a asistencia psicológica y patrocinio jurídico, en una línea que busca equilibrar el sistema entre los derechos del imputado y los de quienes sufren el delito.

En cuanto a las sanciones, el texto establece un esquema escalonado que prioriza las medidas no privativas de la libertad, como tareas comunitarias o restricciones. La prisión queda reservada como último recurso y se fija un máximo de 15 años de pena, sin posibilidad de condenas perpetuas para menores.

En los fundamentos, Montenegro sostiene que la reforma responde a la necesidad de actualizar una legislación que considera desfasada frente a la realidad actual. Entre los argumentos, menciona el aumento de delitos cometidos por menores y su utilización por parte de organizaciones criminales, planteando la necesidad de dotar al sistema de herramientas más eficaces.

De este modo, el proyecto combina cambios que apuntan a endurecer ciertos aspectos, como la edad de imputabilidad, con otros orientados a modernizar el proceso, incorporar alternativas al juicio y reforzar la participación de las víctimas dentro del sistema penal juvenil.