Causa Mogotes: la Justicia pidió informes a Provincia y a la Administración del complejo

Tres instancias judiciales y 554 días pasaron para que finalmente este martes la causa por la municipalización de Punta Mogotes comience a ingresar en la discusión de fondo. Agotado el reclamo de competencia impulsado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires para que el expediente se tramitara en los tribunales platenses, la Suprema Corte bonaerense remitió en las últimas horas las actuaciones al Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Mar del Plata, donde el juez Simón Isacch tendrá a su cargo una de las decisiones más relevantes en la histórica disputa por el complejo balneario.

En paralelo, surgieron novedades relevantes en la estrategia judicial del Municipio. El secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, desistió de la ampliación de demanda y de la medida cautelar presentadas la semana pasada, mediante las cuales el gobierno local pretendía que la Justicia impidiera a la Provincia innovar sobre la situación jurídica y material del predio hasta tanto se resolviera la cuestión principal.

La intención apuntaba a frenar el proceso licitatorio de los 24 balnearios anunciado el 11 de mayo por el gobierno de Axel Kicillof. Ese esquema prevé nuevas concesiones y un plan de obras previo a un eventual traspaso del complejo al Municipio.

Según pudo saber 0223, el equipo jurídico de la Municipalidad detectó dificultades técnicas para sostener la viabilidad procesal de aquella presentación, especialmente por el alcance de la cautelar solicitada y el estado procesal del expediente. Por eso, el Ejecutivo resolvió modificar el encuadre jurídico de su planteo.

En ese marco, el lunes 18 de mayo el Municipio promovió una medida cautelar autónoma -también denominada anticipada- con el mismo objetivo de fondo: intentar suspender la licitación impulsada por la Provincia. Se trata de una herramienta procesal que puede solicitarse de manera independiente de la demanda principal cuando se considera que la demora propia del proceso judicial podría tornar abstracto o de difícil reparación el reclamo central.

En ese marco y antes de tomar una definición al respecto, el juez Isacch solicitó a la Provincia de Buenos Aires y a la Administración de Punta Mogotes que dentro del plazo de cinco días presenten un informe relativo al anuncio de la municipalización anunciado en conferencia de prensa. Asimismo, requirió que en el mismo plazo acompañen copia de las actuaciones administrativas relacionadas con llamados a licitación, adjudicación o ejecución de obras en el Complejo Punta Mogotes, con sus alcances y anexos.

El debate de fondo

La demanda original fue presentada por el intendente Guillermo Montenegro en octubre de 2024 con el objetivo de recuperar para el Municipio la administración del complejo de Punta Mogotes.

La estrategia judicial consistió en intentar consignar judicialmente el pago de la deuda que la Administración Punta Mogotes (APM) mantiene con la Provincia de Buenos Aires, calculada entonces en unos $14 millones, bajo el argumento de que una vez cancelada esa obligación debía extinguirse el convenio que dejó el manejo del predio bajo control provincial desde la década del ‘80.

La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Mar del Plata, que declaró admisible la demanda y ordenó correr traslado a la Provincia, además de incorporar como tercero a la propia APM por tratarse de un ente directamente involucrado en la controversia.

Desde el inicio, el expediente quedó atravesado por una fuerte disputa sobre la competencia judicial. La Fiscalía de Estado bonaerense sostuvo que el caso debía tramitarse en La Plata y en el fuero Civil y Comercial, mientras que el Municipio defendió la competencia del fuero contencioso administrativo marplatense.

Ese planteo inicial fue formulado por la Provincia el 11 de noviembre de 2024 y rechazado un mes después por el juez Isacch. Frente a esa decisión, la Fiscalía apeló, pero la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo confirmó la resolución de primera instancia en julio de 2025.

Posteriormente, la Provincia intentó llegar a la Suprema Corte mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue denegado por la Cámara en noviembre. Ante ese rechazo, presentó un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal bonaerense, que también fue desestimado.

Finalmente, la demandada articuló un recurso extraordinario federal para intentar habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque el 23 de abril la Suprema Corte bonaerense rechazó esa vía y dejó firme la continuidad del expediente en Mar del Plata.

Con ese capítulo procesal agotado, la causa quedó finalmente en condiciones de avanzar sobre la discusión central: si corresponde o no el retorno de Punta Mogotes a la órbita municipal.