Se cansó de esperar y agredió a un empleado de un banco: deberá pagar más de $30 millones de indemnización

Un incidente ocurrido en el interior de una entidad bancaria terminó con un fallo judicial que marca un precedente en casos de violencia en espacios de atención al público. La jueza María Eliana Reynals, del Juzgado Civil N° 1, condenó a un cliente que agredió físicamente a un empleado, imponiéndole una indemnización superior a los 30 millones de pesos.

El altercado tuvo lugar en la ciudad de Neuquén, en la sucursal del Banco Comafi ubicada en Avenida Argentina al 101, cuando el cliente, frustrado por demoras en los sistemas que afectaban la liquidez de su empresa, reaccionó violentamente tras recibir explicaciones sobre trámites administrativos. Según consta en la causa, el hombre destruyó un escritorio y golpeó en la zona cervical al oficial de negocios y PYME asignado para atenderlo.

El ataque fue contundente: el agresor propinó al menos tres puñetazos en el cuello, la nuca y detrás de la oreja del empleado, quien debió recibir atención médica de emergencia. La intervención del gerente y otros trabajadores impidió que la situación escalara aún más. La víctima denunció penalmente los hechos esa misma tarde.

El acusado intentó justificar su conducta alegando que hubo un intercambio de "cachetazos" y que el empleado lo trató despectivamente, atribuyendo la causa a la burocracia bancaria. Sin embargo, la jueza Reynals descartó esta versión tras evaluar pruebas contundentes, como grabaciones de seguridad y testimonios, que confirmaron que la agresión fue unilateral y sin reciprocidad.

Un punto clave en el juicio fue determinar el daño físico sufrido. El perito médico estableció inicialmente una incapacidad permanente del 15% por cervicalgia post-traumática. Aunque el agresor presentó antecedentes médicos previos del empleado, la magistrada concluyó que estos se relacionaban con la zona lumbar, mientras que el ataque afectó la cervical. Por prudencia, fijó la incapacidad en un 8%.

La condena civil se calculó considerando la responsabilidad subjetiva del agresor y se ajustó a valores actuales para evitar la pérdida por inflación. El monto total asciende a $31.330.000, que incluye $16.500.000 por incapacidad física y psíquica, $14.000.000 por daño moral y la cobertura de gastos médicos y tratamientos futuros.

Además, se sumarán intereses acumulados y honorarios legales, consolidando un mensaje claro: la violencia contra trabajadores en sus puestos no será tolerada y tendrá consecuencias económicas severas para los agresores. La sentencia busca desalentar este tipo de conductas en un contexto social cada vez más tenso.