ARA San Juan: piden hasta cinco años de prisión para exjefes de la Armada y aseguran que la tragedia "era predecible"

En la recta final del juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos por el hundimiento del ARA San Juan, la Fiscalía solicitó condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada y sostuvo que la tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes podría haberse evitado.

Durante los alegatos, los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que los acusados conocían las fallas y limitaciones operativas que presentaba el submarino, pero aun así permitieron que continuara navegando. Para la acusación, el hundimiento no fue consecuencia de un hecho imprevisible, sino el resultado de una cadena de decisiones y omisiones dentro de la estructura de mando naval.

Las penas más elevadas, de cinco años de prisión, fueron solicitadas para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide. En tanto, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa. Los cuatro llegaron al debate oral en libertad.

Según planteó la acusación, el ARA San Juan registraba antecedentes técnicos que requerían mayores controles y medidas de seguridad. En ese marco, los fiscales consideraron que los imputados contaban con información suficiente para advertir los riesgos que implicaba la operación del submarino.

A lo largo de su exposición, la Fiscalía reconstruyó el funcionamiento de la cadena de mando y apuntó a presuntos incumplimientos vinculados al mantenimiento, la supervisión y el alistamiento de la nave. También remarcó que existían advertencias previas sobre distintos problemas técnicos que no derivaron en acciones para evitar exponer a la tripulación.

Uno de los puntos destacados del alegato fue la postergación de una inspección de seguridad que, de acuerdo con la acusación, debía realizarse antes del hundimiento. Los fiscales señalaron que se priorizaron las operaciones por encima de los controles previstos y que la revisión fue reprogramada para diciembre de 2017, cuando el submarino ya había desaparecido.

"El resultado era predecible", sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes atribuyeron a los acusados un accionar imprudente incompatible con las responsabilidades de sus cargos.

Tras los alegatos de la Fiscalía, será el turno de las querellas que representan a familiares de las víctimas y, posteriormente, de las defensas de los imputados.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una travesía entre Ushuaia y Mar del Plata. Un año después, los restos del submarino fueron encontrados a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

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