Revés para las familias de las víctimas del ARA San Juan: el juicio por el hundimiento del submarino no se hará en Mar del Plata

Finalmente, la Cámara Federal de Casación resolvió que el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan - ocurrido en noviembre de 2015 - se realizará en los juzgados de Santa Cruz y no en los de Mar del Plata, tal como habían solicitado las familias de las 44 víctimas.

Tal como se informó, una de las querellas representada por Luis Tagliapietra había declarado la incompetencia territorial de los tribunales de Caleta Olivia y Río Gallegos al entender que la competencia territorial para el juicio corresponde a Mar del Plata, donde la nave tenía asiento en la Base Naval.

Además, implica dificultades logísticas y económicas para que se trasladen a la Patagonia las familias de las víctimas y los más de 300 testigos, muchos de ellos radicados en la zona centro del país.

En síntesis, el juez Javier Carbajo dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella al declarar la competencia territorial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata para la prosecución de las actuaciones, pero los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos adhirieron a una solución contraria, aplicando la regla subsidiaria de la prevención. Por lo expuesto, la resolución final de la Sala IV fue rechazar los recursos de casación, por mayoría, y mantener la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz.

Carbajo fundamentó su decisión priorizando el principio de territorialidad y la aplicación de leyes específicas sobre jurisdicción marítima, en contraste con la decisión del Tribunal Oral de Santa Cruz, que había utilizado la regla subsidiaria de prevención.

Los procesados en la causa

En la causa pidieron llevar a juicio al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (excomandante de Adiestramiento y Alistamiento), al capitán de navío Claudio Villamide (exjefe de la Fuerza de Submarinos), al capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, todos procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Con la elevación a juicio, la causa quedó radicada en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.