“Nos entregan culpables, pero no la verdad”: el duro testimonio de los familiares durante el juicio por el ARA San Juan

Para los familiares, el silencio pesa tanto como la noticia de aquel día. El 15 de noviembre del 2017, a las 10.51 horas, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) registró en el Atlántico Sur un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”. Poco después se confirmó: el Submarino ARA San Juan se había hundido con sus 44 tripulantes a bordo. 

Desde entonces comenzó la búsqueda por la verdad. Las manifestaciones estuvieron encabezadas por aquellos padres, hermanos, parejas e hijos que aún hoy lloran sus pérdidas. Mar del Plata empatizó y se unió al pedido de justicia. Esta semana, ocho años después, Andrea Mereles, Marcela Fernández y Ruth Gómez -las únicas esposas convocadas- subirán al estrado para dar testimonio de la tragedia que tuvo en vilo al país. 

En octubre del 2025, la Cámara Federal de Casación resolvió que el juicio se llevara a cabo en el Juzgado de Santa Cruz, y no en la ciudad como habían pedido los allegados de los 44 tripulantes. "En nuestro entendimiento, este juicio es ilegal: no corresponde a la sala de Río Gallegos. Debía realizarse en Mar del Plata por cuestiones estrictamente jurídicas, pero también en favor de los intereses de la mayoría de los familiares que viven acá", declaró en diálogo con 0223, Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y abogado de la causa.

En este sentido, aseguró que cuando se realizó la denuncia en Santa Cruz, "la Armada mintió y ocultó información". Esto derivó en "una investigación mal hecha que nos trae a este juicio sin la prueba más importante: las pericias, algo fundamental para saber lo que pasó". 

Lo fundamental para las familias es saber la verdad: "A partir de eso, paguen todos los responsables. Sentimos que estos oficiales de la Armada, de alguna manera, nos entregan sus cabezas en bandeja de plata, y eso no nos satisface: queremos conocer que pasó y que los responsables respondan", remarcó.

Los acusados son el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo (66 años), el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa (57), procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

A este punto, "lo único que esperamos es generar las pruebas suficientes para que podamos tener una segunda instancia en la que se conozca la verdad y podamos brindarles homenaje a nuestros hijos, honrarlos con la verdad", sentenció Tagliapietra.

Tensión en la sala: el duro relato de la hermana de uno de los submarinistas 

Lucía Zunda Meoqui, hermana de Adrián, es la única familiar que atraviesa el juicio en carne propia, sentada en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, frente a quienes están acusados. El resto, condicionado por las dificultades económicas y operativas, solo puede acompañar a la distancia, siguiendo cada instancia a través de una transmisión en YouTube.

La situación es muy movilizante: "Tener a los responsables enfrente, manejándose con una impunidad muy grande —la misma que siempre tuvieron— y mintiendo en el medio del juicio, es muy difícil".

En la primera semana, "el abogado defensor de uno de ellos pidió que yo, como única familiar presente, me retire del juicio, a pesar de que es oral y público y que todo el mundo puede verlo a través de YouTube. Me quisieron sacar porque tenía un cartel con el logo del submarino que dice 'Prohibido olvidar' y una remera con el logo del submarino que lleva el nombre de mi hermano", denunció.

En medio de destratos e intentos de borrar su imagen del juicio, "pasaron muchos militares como testigos, pero teniendo en cuenta que los acusados son quienes tenían mayor jerarquía, los de menor rango —salvo uno o dos— solo pudieron dar su perspectiva como involucrados. Hubo mentiras y se denunció falso testimonio de quienes decían no saber nada", comentó.

El principal problema es que "hasta el momento, no han sido testigos imparciales: son militares o retirados y, aunque ya no estén en funciones, la jerarquía se sigue notando", dijo. "Incluso me atrevería a decir que están presionados para que digan lo menos posible", afirmó.

A la angustia por todo el proceso judicial, se añade que "robaron dos banderas que coloqué en las puertas del juzgado y sacaron todos los carteles sobre el ARA San Juan que estaban en la vía pública. Es la misma estrategia de siempre para invisibilizar esta causa", manifestó.

Por este motivo, "esperamos que estas cuatro personas cumplan en prisión los años que sean necesarios, por su responsabilidad en la muerte de los 44 tripulantes. Que se sepa la verdad y haya justicia", concluyó.