Prisión preventiva a la dueña del geriátrico acusada de abandono de persona

En sintonía con el pedido que la fiscalía a cargo de Carlos Russo, la Justicia de Garantías dictó este jueves la prisión preventiva de la mujer acusada de maltratar, golpear y medicar ilegalmente a adultos mayores a su cargo: Mónica Graciela Rodríguez seguirá detenida en calidad de presunta autora de los delitos de abandono de persona en perjuicio de dos mujeres de 75 y 89 años.

En una resolución de once páginas, el Juez de Garantías Daniel De Marco convirtió en prisión preventiva la detención de la mujer de 57 años que fue detenida hace veinte días por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). La semana anterior ya se había rechazado la solicitud de la excarcelación que hizo la defensa de la imputada a cargo del abogado Simón García Méndez.

Para el magistrado, la materialidad delictiva de los hechos denunciados está plenamente acreditada a partir de las actas de inspección general durante el allanamiento del 2 de enero de 2026, las declaraciones testimoniales, los informes médicos, la copia de contrato de locación comercial y los informes socio ambientales incorporados al expediente.

En ese operativo se detectó que una mujer de 89 años que no podía valerse por sí misma estaba en una situación de abandono. “Se encontraba en malas condiciones de salud e higiene personal –presentaba hormigas en la zona genital-, deshidratada, desnutrida, con escaras sacras grado II, alojada en un garaje en cama común, sin contar con colchón antiescaras, cama ortopédica, y sin cubrir las necesidades mínimas que su padecimiento requeíia, siendo que la misma dependiente para todas las actividades de la vida cotidiana", sostuvo en la resolución.

En el caso de la otra víctima, la Unidad Funcional de Instrucción N°7 sostuvo que Rodríguez la abandonó sin brindarle asistencia mínima para su alimentación, encontrándose desnutrida y sin cuidado en su higiene personal toda vez que la misma se encontraba postrada, sin recibir atención médica y/o rehabilitación diaria por especialista en virtud del cuadro que presentaba.

En su solicitud, Russo había indicado que el pedido de prisión preventiva se justificaba en “la renuencia demostrada durante todo el proceso por la imputada a fin de comparecer a estar a derecho, demostrada en las múltiples citaciones cursadas y la falsedad en los datos aportados por la causante, al decir, que se encontraba internada, que estaba en Buenos Aires, etc., todo ello mendaz, ya que se encontraba a cargo nuevamente del geriátrico”.

De Marco también valoró que esta semana la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la denegatoria de la excarcelación solicitada en virtud de la gravedad del delito atribuído, severidad de la pena y comportamiento asumido por la imputada durante el procedimiento.

La otra causa

Rodríguez fue detenida a fines de junio y cuando fue trasladada a Tribunales se negó a declarar. Pocos días después fue imputada de un nuevo delito en el marco de una causa por hechos cometidos en 2019 cuando estaba a cargo de otro geriátrico en Malvinas al 1100.

Según la investigación en trámite ante la fiscalía de Delitos Económicos, Rodríguez y el apoderado de una de las pacientes hicieron un plan previo para llevar a esa mujer –sin familiares en la ciudad y en un contexto de vulnerabilidad emocional y de salud- a una sede del Banco de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto hicieron que la mujer gestionara al menos dos préstamos personales pagaderos en 72 cuotas que fueron usufructuados por ellos. “Perjudicaron patrimonialmente en los montos, en la deuda generada y costos financieros”, argumentó la fiscalía en el llamado a declaración.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, una empleada que trabajaba en el geriátrico ayudó a la víctima e hizo la denuncia a través de la Defensoría del Pueblo. De esa manera pudieron dar de baja al apoderado y que pudiera volver a cobrar su jubilación. Rodríguez quedó imputada por defraudación por administración fraudulenta que tiene una pena en expectativa de 1 a 6 años de prisión. En esta causa también se negó a dar su versión de los hechos.