Prestó 6 millones de pesos, cobró 41 y pedía más: revocan la excarcelación y piden que la detengan
Lo solicitó el fiscal Luis Ferreyra tras la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías. Andrea Mostafá está acusada de usura y extorsión.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Ministerio Público Fiscal pidió en las últimas horas la detención de la mujer que había prestado 6 millones, cobrado más de 41 y exigía nuevos pagos luego de que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías revocara la excarcelación que oportunamente había concedido la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos.
Si bien Andrea Romina Mostafa había sido detenida a fines de mayo tras un operativo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), el 2 de junio pasado se le había otorgado la excarcelación tras el pedido de la defensa a cargo del abogado penalista Osvaldo Verdi.
Tres días después, los Jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco revocaron la decisión del Juzgado de Garantías N°6, pero la medida no se hizo efectiva porque no estaba firme ya que fue recurrida ante el Tribunal de Casación.
En su única presentación ante el fiscal Luis Ferreyra, la imputada de 45 años reconoció haberle dado varios prestamos por los que le firmaron pagarés y dijo que la denunciante les pidió a otras personas a las que tampoco les abonó y que “esa plata se la jugaba”.
Mostafá recordó que la primera vez que le prestó dinero fue en 2022 por una semana cercana a los tres millones de pesos en varios préstamos cuando tenía una distribuidora e hizo un relato de los distintos emprendimientos que la denunciante llevó adelante varios años y para los que solicitaba distintos montos por los que firmaba pagarés.
La imputada dijo que en una oportunidad una pareja de la denunciante se hizo cargo de dos deudas anteriores y que en los últimos prestamos los hijos salieron de garantes. “Cuando no pagó más yo le hablé y le dije que si ejecutaba los documento iba a perjudicar a sus hijos. Ella tiene firmado un documento de noventa millones de pesos que vence este año, era de 2024, tenía dos años para pagarlo”, detalló.
La mujer recordó que antes de enviar las cartas documento, una persona de su confianza fue a hablar con la denunciante o su grupo familiar con fotocopias de documentos que tenían firmados y que lo intentó para no accionar legalmente y no perjudicar a los chicos porque “les tenía cariño”.
La investigación
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223 la denunciante dijo que pidió de manera inicial un millón de pesos y que firmó un pagaré por el que debía abonar ocho pagos quincenales de 330 mil pesos.
A partir de tener problemas en su trabajo se atrasó tres semanas con el pago y tuvo que refinanciar la deuda, lo que generó tener una supuesta deuda original de seis o siete millones de pesos.
La denunciante dijo que en septiembre de 2023 le balearon el frente de la casa y que luego recibió llamado telefónicos dónde le exigían una suma cercana a los 25 millones de pesos o "iba a pagar una de sus hijas".
En su exposición dijo que Mostafá le ofreció que entregara un automovil valuado en siete millones de pesos y que refinanciara el resto de la deuda: por temor firmo pagarés por 96 millones de pesos de los cuales pagó 55 cuotas hasta que volvió a atrasarse.
"Decile a tu mamá que se comunique con su cobrador si quiere pagar, si tiene dos dedos de frente, sino nos fijaremos que hacemos con ella, tenemos tu número y el número de la chiquita" fue el mensaje que recibió su hija el 7 de mayo pasado y que la decidió a hacer la denuncia.
A partir de los datos recabados por personal de la DDI se lograron elementos para que el fiscal Ferreyra solicite una orden de allanamiento y el secuestro de pagarés a nombre de la denunciante, toda la documentación relativa al hecho, libretas y cuadernos con anotaciones relativas a la actividad investigada, teléfonos celulares y documentación del rodado.
El fiscal pidió la detención al tener indicios que la imputada en libertad intentaría fugar y de esta forma eludir la acción de la justicia en base al monto de pena en expectativa, toda vez que, de recaer sentencia condenatoria tiene una pena en expectativa de cinco a diez años de prisión.
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