De la denuncia de un intendente a dos allanamientos: investigan a exfuncionarios por desviar fondos

Una investigación judicial que tiene como imputados a dos exfuncionarios de la municipalidad de Castelli sumó nuevas medidas durante las últimas horas, con allanamientos destinados a reunir elementos vinculados con el presunto uso irregular de recursos públicos.

Los procedimientos alcanzaron propiedades relacionadas con Laura Olguín, exsecretaria del área de tierra y vivienda, y Sebastián Prediger, quien también ocupó funciones dentro de la administración municipal. Ambos están involucrados en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por el intendente Francisco Echarren.

Las medidas fueron realizadas este jueves 17 de septiembre con intervención de personal policial y peritos. El objetivo es incorporar pruebas que permitan establecer qué destino tuvieron determinados materiales adquiridos para obras municipales y si parte de ellos pudo haber sido utilizada en una construcción de carácter privado.

83 viviendas y 28 techos bajo la lupa

Uno de los ejes de la investigación está relacionado con las 83 viviendas del barrio Curita, cuya ejecución estuvo bajo responsabilidad del área encabezada por Olguín. En ese marco, la Justicia busca determinar qué ocurrió con materiales como ladrillos y hierros comprados para la construcción, además de analizar la coincidencia temporal entre el desarrollo y posterior paralización de la obra pública y la realización de una propiedad privada.

La causa también contempla la situación de 28 techos adquiridos por el municipio que no fueron entregados en los plazos previstos. De acuerdo con la información difundida por la comuna, el episodio derivó en una denuncia penal y posteriormente en la restitución de los materiales, cuyo valor fue estimado en unos $300 millones.

En relación con Prediger, otra de las líneas de investigación apunta al dinero obtenido mediante la comercialización de materiales reciclables provenientes de la planta municipal. Esos fondos debían destinarse a un bono para trabajadores. Según la información incorporada a la causa, alrededor de 20 empleados podrían brindar testimonio sobre la venta de los materiales y el supuesto incumplimiento del pago.

Posible sobreprecio en una compra de maquinaria cancelada

También se analiza una operación vinculada con la compra proyectada de una pala cargadora municipal. En ese caso, la investigación contempla un posible sobreprecio cercano a los 12.000 dólares. La contratación fue finalmente anulada por la administración municipal, que posteriormente adquirió una máquina equivalente por un importe menor.

Desde la municipalidad señalaron que la investigación se encuentra bajo responsabilidad de la Justicia y que se aportó documentación y otros elementos considerados de utilidad para esclarecer los hechos.