Lo condenaron a ocho años de prisión como jefe de “La Liga” y lo detuvieron en Tribunales

El acusado de liderar “La Liga”, una asociación ilícita acusada de amenazar e intimidar a compradores durante subastas judiciales fue condenado este lunes a ocho años de prisión y detenido apenas finalizada la lectura de la sentencia en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Héctor Ricardo Monteros, de 63 años, fue detenido por personal policial y trasladado a la comisaría segunda donde se hicieron las actuaciones de rigor antes del traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Contra esa medida, su abogado defensor Javier De la Tore interpuso un habeás corpus ante la Cámara de Apelación y Garantías al entender que no existe riesgo procesal porque siempre “estuvo a derecho”.

En la causa a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli –ya jubilado- y que contó con la colaboración del Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica (CATI) se planteó que Monteros era el jefe de la asociación acusada de manejar una gran cantidad de subastas judiciales y obtener millonarios recursos: según la investigación se impuso en dos de cada tres subastas realizadas desde el año 2013 en la sede del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

En el marco de esta misma investigación, Miriam Lamas era otra de las imputadas, pero arribó a una suspensión del juicio a prueba, mientras que en 2025 Julio César Consorte y Pablo del Corazón de Jesús Quiroz fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional como integrantes de la misma.

Tras la condena y la detención de Monteros, su abogado le dijo a 0223 que no existe riesgo procesal porque no varió la pena procesal y a lo largo del proceso estuvo a derecho cuando estaba con arresto domiciliario, excarcelado e incluso se lo autorizó varias veces a salir del país.

“La pena en expectativa no varió, ya era alta porque siempre se lo consideró jefe de la asociación ilícita, así que no hay motivo para la detención en esta instancia”, explicó.

"Este encierro ordenado por auto de detención, a pesar de no tener condena firme, a un Centro que no está capacitado para alojarlo, maxime tratandose de personal de la fuerza, contraria derechos y garantías de raigambre constitucional", sostuvo en su presentación.