“La liga de remates”: pidieron la elevación de la causa a juicio

Un mes antes del cumplimiento de los plazos legales y tras una extensa investigación en la que contó con la colaboración del Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica (Cati), el fiscal Alejandro Pelegrinelli le solicitó a la Justicia de Garantías la elevación a juicio de la causa que investigó el accionar de una asociación ilícita acusada de manejar una gran cantidad de subastas judiciales y obtener millonarios recursos.

El titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 5 solicitó que se resuelva en debate la responsabilidad de Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros en el armado de la denominada “Liga de compradores” que según la investigación se impuso en dos de cada tres subastas realizadas desde el año 2013 en la sede del  Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

Para Pelegrinelli los imputados encabezaron  la organización –que integraron otras 22 personas que también están imputadas- pensada para “cometer plurales delitos en el ámbito de las subastas judiciales ordenadas por los distintos juzgados de los fueros provincial y federal del departamento Judicial Mar del Plata” y al cerrar la investigación le pidió al Juez de Garantías Saúl Errandonea la elevación de la causa a juicio..  

Los investigadores confirmaron que operaron de forma conjunta y organizada y utilizando asidua y mecánicamente métodos ilegales o ilícitos con el fin último de hacerse del total o parte de bienes inmuebles y muebles rematados al valor más bajo posible o al menos inferior al que una puja libre hubiere determinado, para luego hacer negocios con los mismos y sacar importantes comisiones o bien notables diferencias económicas en posteriores transacciones.

De acuerdo a la pesquisa de Pellegrinelli y del Cati, "La Liga de Remates" se habría hecho con inmuebles por al menos 10.431.028 millones de dólares que, a la cotización de fines de 2019, se traduce en valor actual aproximado de 610.215.138 de pesos.

Más allá de los distintos grados de responsabilidad que el fiscal le atribuye a los veinticinco imputados en el funcionamiento de la asociación ilícita, el pedido de elevación a juicio incluye en algunos casos el delito de tenencia de arma de fuego a partir de los resultados que se realizaron de manera simultánea durante el año pasado.

Apenas un par de meses después de la detención de los cabecillas de la asociación desde la Justicia Federal se los comenzó a investigar ante la posibilidad de que se hubiera cometido el delito de lavado de dinero.