Usurpaciones SA: así operaba la banda que ocupaba y simulaba venta de casas

La dueña de una casa que fue usurpada en Punta Mogotes no imaginó en agosto de 2009 que, a partir de la denuncia presentada por su abogado, se descubriría una compleja pero aceitada red dedicada a ocupar, simular la venta y hacerle juicio a los verdaderos dueños de viviendas y lotes desocupados. Casi seis años después, la causa tiene 23 imputados y una larga historia de complicidad, inacción y silencio.

La semana pasada la fiscalía de Delitos Económicos informó que tres personas –entre ellas dos abogadas- estaban imputadas por encabezar una asociación ilícita. Otros veinte sujetos participaban de las maniobras que finalizaban cuando la Justicia Civil y Comercial dictaba sentencia a las demandas de escrituración.

De acuerdo a la investigación realizada por 0223, la banda ejecutaba un plan de varios puntos, con la intervención de una gran cantidad de actores, para lograr su cometido. El primer paso consistía en ubicar –con datos obtenidos desde una dependencia oficial- una propiedad que no registrara movimiento inmobiliario o impositivo y la ocupaban por la fuerza. Al obtener los datos de sus titulares, adulteraban documentación falsificando firmas con sellados apócrifos para darle visos de legalidad. El siguiente paso consistía en transferir a terceros, quienes luego lo cedían a otro cómplice con boletos de compraventa. El último paso era presentar un juicio de escrituración al dueño original, cuya firma había sido falsificada.

Más allá de la mecánica que repitieron en al menos veintiún casos, la impunidad de la banda también se apoyaba en la elección de lotes o viviendas cuya usurpación tardaba en ser denunciada. Ese tiempo le permitía avanzar en el “blanqueo” gradual a través de la adulteración de documentos que finalizaba con la estafa procesal en la que intentaban hacer caer a los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales.

Un chalet y una firma: el comienzo

El abogado Walter Llona escuchó a su clienta y pensó que estaba ante un caso más de usurpación. Lo mismo hizo días después cuando recibió otra denuncia por la ocupación de un lote en el Faro. Sin embargo, se dio cuenta de que no eran hechos comunes ya que los ocupantes le habían mostrado a la policía boletos de compraventa firmados por los denunciantes.

Las dos usurpaciones fueron realizadas por la misma gente y bajo la misma modalidad. “Lo sorpresivo del caso fue que mi cliente reconoció que era su firma real, pero que nunca había vendido esa vivienda, por lo que nos dimos cuenta que la complejidad del caso era mayor”, le contó el profesional a 0223.

Para el abogado, uno de los imputados era el encargado de falsificar -además de la documentación- las firmas de los verdaderos dueños de las propiedades. “Contaban con la maquinaria y papel moneda para la creación de oficios judiciales, interceptaban informes de la Cámara Electoral y poseían instrumentos de alto nivel”, detalló.

Si bien en estos casos que posibilitaron el inicio de la investigación los damnificados estaban vivos, en la mayoría de los hechos habían fallecido y sus familiares –en caso de haberlos- no habían iniciado los trámites sucesorios. En uno de los casos que forma parte de las 1.500 fojas y trece anexos documentales, aparece un boleto de compra venta firmado en 1997: lo particular del caso es que el firmante murió en 1978 y su esposa en 1986. Ambas firmas estaban “certificadas” ante escribano y con sellado bancario.

Pasividad y denuncia

A partir de la denuncia original, Llona recopiló un total de 18 casos en seis meses con elementos en común. Los mismos protagonistas y la misma mecánica llegaban al mismo final: la estafa procesal a la Justicia para que blanqueara esas irregularidades.

Ante esta situación, Llona alertó en los 14 Juzgados Civiles y Comerciales y al Registro de la Propiedad acerca de las irregularidades que había descubierto. “Más allá de alguna excepción, no tuve más respuesta que la pasividad, por lo que denuncié el hecho ante la fiscalía de Delitos Económicos en marzo de 2012”, relató.

Para el denunciante, la usurpación de lotes a esta escala viene desde hace más de 20 años y más allá de las denuncias esporádicas de distintos sectores, no se avanza en el esclarecimiento de los hechos. “No es una situación aislada, es un modus operandi que tiene como punto de inicio la obtención de datos a través una forma administrativa que permite realizar la apropiación ilegal de lotes. La manera en que se obtienen los datos es el meollo de la cuestión”, concluyó.