“Lavado total”: pidieron que los vehículos secuestrados tengan un destino social

Más de cuarenta días después del operativo denominado “Lavado total” y mientras se define la excarcelación de algunos de los imputados que siguen detenidos, el fiscal federal general Daniel Adler solicitó que los 284 vehículos secuestrados tengan un destino social. Los rodados siguen estacionados en el complejo de Punta Mogotes más allá del reclamo que hicieron sus propietarios para que sean devueltos.

Adler hizo el planteo en las audiencias que se celebraron en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y planteó que los vehículos puedan ser utilizados por las fuerzas federales para la lucha contra el narcotráfico y la prevención de las adicciones. Esa posición había sido adelantada durante la conferencia de prensa en la que se detallaron a principio de septiembre las características del operativo.

Al fundamentar su pedido, el fiscal señaló: “Los vehículos secuestrados y los decomisados deben ser preservados en su valor y en su utilidad a los efectos de poder destinarlos a la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, tal como disponen los artículos 30 y 39 de la ley 23.737”. Y citó, a su vez, la Acordada N°1/2013 de la Corte, a través de la cual se dispuso crear la "Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal", siendo éste el único organismo autorizado a recibir esa información, sugiriendo el depósito provisorio en favor de las agencias estatales.

En este sentido, reparó en que los vehículos se encuentran desde el 9 de septiembre estacionados a la intemperie en un balneario del complejo de Punta Mogotes. Y en el mismo sentido presentó luego un oficio ante la Cámara: “Resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para evitar que el transcurso del tiempo los deteriore y los convierta en chatarra, y en tal sentido la aplicación de la figura del depósito provisorio en agencias estatales a la vez que los resguarda de siniestros preserva su valor”.

Aunque también se opuso a los pedidos de excarcelación solicitados por los defensores de los imputados, siete de ellos ya obtuvieron esa medida. Según el abogado Martín Ferrá el pedido de la fiscalía viola el derecho de la propiedad. “Su comportamiento es igual de abusivo que el del juez Santiago Inchausti”, le dijo a 0223.