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De bocinas, paritarias y competitividad

De bocinas, paritarias y competitividad

Roberto Garrone

Tensiones en la negociación salarial de la rama de la conserva y también entre los obreros navales. Las empresas integradas hacen lobby para consolidar su modelo de producción mientras abaratan costos laborales.

El apuro y las dudas –sobre todo ortográficas- atentaron contra la suerte del cartel que delegados de la industria conservera exhibieron el lunes en la puerta de la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación. La única bocina que se escuchó fue la de un automovilista al que la protesta le obturaba la cochera.

La segunda audiencia con la patronal para definir la actualización paritaria fracasó casi antes de terminar de escribir el cartel. La Cámara que agrupa a las seis empresas que todavía le dan pelea al aluvión de latas importadas, mandó a un representante legal con una oferta inferior a la discutida por los empresarios en reuniones informales con el sindicato. El cartel terminó en un contenedor, sin pena ni gloria, como casi todo lo que pasa en el puerto.

El 29% en dos cuotas que el Soip firmó con Caipa, la cámara del fresco que agrupa a las empresas procesadoras de los apellidos ilustres y algunos socios adicionales, oficia de grieta en la negociación del gremio y la conserva.

Las cosas ya no son como antes. Sin ir más lejos, en el 2015, el Soip firmó el 32% con la industria del fresco que exporta casi un 95% de lo que produce. Con la rama de la conserva fue el 31%, para una producción destinada a un mercado interno que todavía mantenía pulso.

Desde la Cámara revelaron que les falta materia prima y las ventas se desplomaron. Lo poco que se consume son latas importadas. El sector planea producir un 30% menos que el año pasado. Eso impactará en los bolsillos de los trabajadores mucho más que uno o dos puntos de la actualización de los básicos.

A las puertas de Natusur, una de las empresas de Alejandro Pennisi, presidente de la cámara, fueron los representantes de los trabajadores de la conserva a exigir una mejora en la oferta salarial. Todas las empresas tienen Delegados, menos las de Pennisi. Cuestión de supervivencia. En la audiencia del lunes ofertaron el 23% en dos cuotas. En el gremio pidieron el 25% en un solo tramo retroactivo a abril.

El calendario paritario en el puerto ha mostrado algunas curiosidades. Es la primera vez en muchos años que la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura abrocha el acuerdo con el Simape en forma unilateral a Caipa.

El 25% no remunerativo en una sola cuota retroactiva a marzo, en principio generó el rechazo de Moscuzza, Solimeno y Valastro. Caipa pretendía dar el aumento solo sobre los ítems fijos, es decir, reducirlo a la mitad. Alcanzó con un cruce de llamados para aclarar las cosas. Al cierre de esta edición se esperaba que Fernando Rivera rubrique en Trabajo Nación el Acta del Simape. Aguardan que el Presidente de Caipa firme también con los sindicatos de oficiales: maquinistas, patrones y capitanes.

Donde las cosas están mucho más complicadas es entre los trabajadores navales. En el puerto hay dos patronales con distintos convenios. Y el oficialismo del Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon) tiene una fuerte oposición en la Agrupación Azul y Blanca, que predomina la plaza local.

La Cámara Marplatense de la Industria Naval rubrica el CCT 603 con talleres y astilleros como TPA y Contessi. Acá hubo un porcentaje a cuenta del 13% -en dos tramos- y la patronal se estiró hasta el 27% a terminar de cobrar este año. En asamblea, con la presencia del secretario General, Juan Speroni, los trabajadores la rechazaron.

Speroni vino en realidad a intentar encauzar la rebelión interna que amenaza con paralizar las actividades en SPI Astilleros, el principal empleador del sector y adherido a la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (Abin). Más que adherido, dueño. Miguel Sánchez, gerente de Relaciones Institucionales del astillero hasta hace poco presidía la Cámara.

Abin y SPI están regulados por el CCT 669, que es muy parecido al 518, el convenio nacional. La oferta de la cámara fue del 25% que se termina de acreditar en febrero del año próximo para todos los trabajadores. SPI ya entregó un 10% a cuenta, en dos cuotas de 5%.

En la última asamblea realizada en las gradas del astillero de Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante el kirchnerismo y flamante frustrado candidato a concejal por Unidad Ciudadana para las próximas PASO, los obreros se plantaron en el pedido del 30% de actualización.

Speroni, que nunca tuvo problemas con las cooperativas de trabajo con las que SPI precarizó mano de obra durante muchos años –menos con las que manejaba Ramón Gómez, prosecretario de Organización y Asuntos Gremiales de la conducción nacional-, esta vez no tuvo más remedio que acompañar la decisión de los trabajadores. El pope de los navales tiene otro problema un tanto más grave: ya firmó el 25% para el convenio nacional.

El viernes la asamblea le dio una semana de plazo a SPI para llegar a ese 30% que solicitaron. Avisaron que pueden aceptar el 25% de la Abin y un 5% adicional de la empresa. En un clima tenso, los obreros aseguran que el nivel de actividad es bueno. Directivos del astillero confiaron que tuvieron que salir a negociar una reparación de octubre para afrontar los compromisos del sueldo y aguinaldo, porque la Armada les defirió un pago.

Los más de 200 prácticos de muelle, serenos en la jerga, que custodian los barcos cuando quedan amarrados en puerto, parecen desprotegidos de la puja oficialismo y oposición en el Saon.

Adheridos al CCT 226/95, empresas como Moscuzza directamente los ha transferido al sindicato de empleados de comercio, cuyo básico es mucho más bajo y siempre se pueden negrear algunas horas. Una diferencia sustancial en épocas de poca actividad, que piensa aplicar El Marisco. No mejor que poder cobrar en dólares las exportaciones como ahora permite el Banco Central, pero todo suma.

Esta semana, desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa), los apellidos ilustres con barcos congeladores, divulgaron un informe periodístico en que, solapadamente, solicitaron más fondos públicos para mejorar su competitividad.

Pusieron el ejemplo de la Xunta de Galicia, que desde el 2009 viene financiando al sector pesquero en más de 250 millones de euros y acaba de lanzar un nuevo fondeo de 96 millones hasta el 2020 en condiciones “terriblemente ventajosas”.

“Van (los gallegos) a la automatización en los procesos de producción, van a lo cambios; no están pensando en seguir con lo mismo. Esto es lo que hay que hacer en la Argentina”, añadió una fuente en el informe que podría ser cualquiera: Solimeno, Moscuzza o Valastro.

Los tres piensan parecido. Los tres priorizan pescar con los congeladores. Los tres tienen pocos controles a bordo que les permiten estiran a límites insospechados la cuota de merluza y reciben casi toda la que resignan los fresqueros.

Para el Cepa los 200 millones de pesos del fondo del fideicomiso son monedas. Piden un programa de fomento al crédito para modernizar la flota (ya están construyendo barcos congeladores en España) e incorporar nuevas líneas de producción. “Eso es lo que en definitiva va a mejorar la competitividad de las empresas. La innovación da competitividad”, dijeron.

Como la opción crediticia parece un tanto lejana, buscan “innovar” y acceder a la “competitividad” por caminos laterales. Algunas empresas quieren imitar lo hecho con los serenos y meter en Comercio también a los obreros navales de sus propios talleres.

En el sector rige el CCT 234. Hasta hace unos años los trabajadores tenían un adicional del 35% por presentismo y el 20% en refrigerio. Con la nueva conducción del Saon, esos ítems se evaporaron.

El gremio busca equiparar el 234 al convenio 518. “No somos prestadores de servicios; no podemos trasladar el costo de las reparaciones a nadie”, dicen los armadores con talleres propios. El principal es Moscuzza con más de 70 trabajadores. En el borrador del nuevo acuerdo pretenden que los obreros renuncien a la antigüedad.

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De bocinas, paritarias y competitividad

Tensiones en la negociación salarial de la rama de la conserva y también entre los obreros navales. Las empresas integradas hacen lobby para consolidar su modelo de producción mientras abaratan costos laborales.

El apuro y las dudas –sobre todo ortográficas- atentaron contra la suerte del cartel que delegados de la industria conservera exhibieron el lunes en la puerta de la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación. La única bocina que se escuchó fue la de un automovilista al que la protesta le obturaba la cochera.

La segunda audiencia con la patronal para definir la actualización paritaria fracasó casi antes de terminar de escribir el cartel. La Cámara que agrupa a las seis empresas que todavía le dan pelea al aluvión de latas importadas, mandó a un representante legal con una oferta inferior a la discutida por los empresarios en reuniones informales con el sindicato. El cartel terminó en un contenedor, sin pena ni gloria, como casi todo lo que pasa en el puerto.

El 29% en dos cuotas que el Soip firmó con Caipa, la cámara del fresco que agrupa a las empresas procesadoras de los apellidos ilustres y algunos socios adicionales, oficia de grieta en la negociación del gremio y la conserva.

Las cosas ya no son como antes. Sin ir más lejos, en el 2015, el Soip firmó el 32% con la industria del fresco que exporta casi un 95% de lo que produce. Con la rama de la conserva fue el 31%, para una producción destinada a un mercado interno que todavía mantenía pulso.

Desde la Cámara revelaron que les falta materia prima y las ventas se desplomaron. Lo poco que se consume son latas importadas. El sector planea producir un 30% menos que el año pasado. Eso impactará en los bolsillos de los trabajadores mucho más que uno o dos puntos de la actualización de los básicos.

A las puertas de Natusur, una de las empresas de Alejandro Pennisi, presidente de la cámara, fueron los representantes de los trabajadores de la conserva a exigir una mejora en la oferta salarial. Todas las empresas tienen Delegados, menos las de Pennisi. Cuestión de supervivencia. En la audiencia del lunes ofertaron el 23% en dos cuotas. En el gremio pidieron el 25% en un solo tramo retroactivo a abril.

El calendario paritario en el puerto ha mostrado algunas curiosidades. Es la primera vez en muchos años que la Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura abrocha el acuerdo con el Simape en forma unilateral a Caipa.

El 25% no remunerativo en una sola cuota retroactiva a marzo, en principio generó el rechazo de Moscuzza, Solimeno y Valastro. Caipa pretendía dar el aumento solo sobre los ítems fijos, es decir, reducirlo a la mitad. Alcanzó con un cruce de llamados para aclarar las cosas. Al cierre de esta edición se esperaba que Fernando Rivera rubrique en Trabajo Nación el Acta del Simape. Aguardan que el Presidente de Caipa firme también con los sindicatos de oficiales: maquinistas, patrones y capitanes.

Donde las cosas están mucho más complicadas es entre los trabajadores navales. En el puerto hay dos patronales con distintos convenios. Y el oficialismo del Sindicato Argentino de Obreros Navales (Saon) tiene una fuerte oposición en la Agrupación Azul y Blanca, que predomina la plaza local.

La Cámara Marplatense de la Industria Naval rubrica el CCT 603 con talleres y astilleros como TPA y Contessi. Acá hubo un porcentaje a cuenta del 13% -en dos tramos- y la patronal se estiró hasta el 27% a terminar de cobrar este año. En asamblea, con la presencia del secretario General, Juan Speroni, los trabajadores la rechazaron.

Speroni vino en realidad a intentar encauzar la rebelión interna que amenaza con paralizar las actividades en SPI Astilleros, el principal empleador del sector y adherido a la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (Abin). Más que adherido, dueño. Miguel Sánchez, gerente de Relaciones Institucionales del astillero hasta hace poco presidía la Cámara.

Abin y SPI están regulados por el CCT 669, que es muy parecido al 518, el convenio nacional. La oferta de la cámara fue del 25% que se termina de acreditar en febrero del año próximo para todos los trabajadores. SPI ya entregó un 10% a cuenta, en dos cuotas de 5%.

En la última asamblea realizada en las gradas del astillero de Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante el kirchnerismo y flamante frustrado candidato a concejal por Unidad Ciudadana para las próximas PASO, los obreros se plantaron en el pedido del 30% de actualización.

Speroni, que nunca tuvo problemas con las cooperativas de trabajo con las que SPI precarizó mano de obra durante muchos años –menos con las que manejaba Ramón Gómez, prosecretario de Organización y Asuntos Gremiales de la conducción nacional-, esta vez no tuvo más remedio que acompañar la decisión de los trabajadores. El pope de los navales tiene otro problema un tanto más grave: ya firmó el 25% para el convenio nacional.

El viernes la asamblea le dio una semana de plazo a SPI para llegar a ese 30% que solicitaron. Avisaron que pueden aceptar el 25% de la Abin y un 5% adicional de la empresa. En un clima tenso, los obreros aseguran que el nivel de actividad es bueno. Directivos del astillero confiaron que tuvieron que salir a negociar una reparación de octubre para afrontar los compromisos del sueldo y aguinaldo, porque la Armada les defirió un pago.

Los más de 200 prácticos de muelle, serenos en la jerga, que custodian los barcos cuando quedan amarrados en puerto, parecen desprotegidos de la puja oficialismo y oposición en el Saon.

Adheridos al CCT 226/95, empresas como Moscuzza directamente los ha transferido al sindicato de empleados de comercio, cuyo básico es mucho más bajo y siempre se pueden negrear algunas horas. Una diferencia sustancial en épocas de poca actividad, que piensa aplicar El Marisco. No mejor que poder cobrar en dólares las exportaciones como ahora permite el Banco Central, pero todo suma.

Esta semana, desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa), los apellidos ilustres con barcos congeladores, divulgaron un informe periodístico en que, solapadamente, solicitaron más fondos públicos para mejorar su competitividad.

Pusieron el ejemplo de la Xunta de Galicia, que desde el 2009 viene financiando al sector pesquero en más de 250 millones de euros y acaba de lanzar un nuevo fondeo de 96 millones hasta el 2020 en condiciones “terriblemente ventajosas”.

“Van (los gallegos) a la automatización en los procesos de producción, van a lo cambios; no están pensando en seguir con lo mismo. Esto es lo que hay que hacer en la Argentina”, añadió una fuente en el informe que podría ser cualquiera: Solimeno, Moscuzza o Valastro.

Los tres piensan parecido. Los tres priorizan pescar con los congeladores. Los tres tienen pocos controles a bordo que les permiten estiran a límites insospechados la cuota de merluza y reciben casi toda la que resignan los fresqueros.

Para el Cepa los 200 millones de pesos del fondo del fideicomiso son monedas. Piden un programa de fomento al crédito para modernizar la flota (ya están construyendo barcos congeladores en España) e incorporar nuevas líneas de producción. “Eso es lo que en definitiva va a mejorar la competitividad de las empresas. La innovación da competitividad”, dijeron.

Como la opción crediticia parece un tanto lejana, buscan “innovar” y acceder a la “competitividad” por caminos laterales. Algunas empresas quieren imitar lo hecho con los serenos y meter en Comercio también a los obreros navales de sus propios talleres.

En el sector rige el CCT 234. Hasta hace unos años los trabajadores tenían un adicional del 35% por presentismo y el 20% en refrigerio. Con la nueva conducción del Saon, esos ítems se evaporaron.

El gremio busca equiparar el 234 al convenio 518. “No somos prestadores de servicios; no podemos trasladar el costo de las reparaciones a nadie”, dicen los armadores con talleres propios. El principal es Moscuzza con más de 70 trabajadores. En el borrador del nuevo acuerdo pretenden que los obreros renuncien a la antigüedad.

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