Policía Municipal: el proyecto que no fue

A principios de enero, el asesinato en ocasión de robo de Fabián La Bella, un comerciante de 42 años, crispó los ánimos en la zona sur de la ciudad. El caso, por su fisonomía y por las movilizaciones realizadas, rebotó enseguida en los medios nacionales y el intendente Gustavo Pulti recibió a la familia de la víctima entre críticas al trabajo fiscal y cuestionamientos al accionar policial. Con ese telón de fondo, para mediados de marzo, según cifras publicadas en el exdiario El Atlántico, Mar del Plata sumaba 25 muertes, 11 de las cuales estaban relacionadas con los denominados “hechos de inseguridad”.

En ese contexto, durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, fue que el intendente Gustavo Pulti –en lugar de hacer una síntesis de gestión- anunció la creación de un Cuerpo de Seguridad Comunitaria –más tarde llamada Policía Municipal- tras la realización de una consulta popular, que finalmente nunca se concretaría.

Por entonces, la iniciativa preveía la conformación de un equipo de efectivos desarmados bajo el mando del Ejecutivo local, con financiamiento propio y con intencionalidad de generar cercanía con los problemas de los vecinos en materia de alumbrado, pastizales y emergencias menores. Ya en ese momento, el proyecto contemplaba –de manera relativamente explícita- la necesidad de que la ciudadanía pagara una tasa, impuesto o tributo para financiar el equipo de oficiales de una potencial patrulla urbana similar a las que operan en La Matanza, Florencio Varela o el Partido de La Costa.

Sin embargo, el 6 de abril -10 días después del anuncio- Pulti mantuvo en Buenos Aires una reunión bisagra para su proyecto de fuerza de seguridad. Tras compartir mesa con Alberto Binder –quien luego sería presentado como director de la iniciativa-, el intendente regresó a la ciudad, abandonó el concepto de Cuerpo de Seguridad, empezó a hablar de Policía Municipal y a los días clarificó que sus efectivos sí portarían armas.

También dijo que un equipo técnico estaría a cargo de la elaboración del proyecto que contemplaba un total de 2.000 efectivos, 300 de los cuales estarían en la calle a los pocos meses. Ese grupo de expertos sería además quien intentaría resolver el bache legal en la Provincia, que al día de hoy no tiene una ley que autorice a un Municipio a conformar una fuerza armada autónoma a la Policía Bonaerense.

El proyecto, a las claras, era otro. Y la Policía Municipal, por supuesto, el tema que monopolizó la agenda política y mediática durante cuatro meses.

Todo se enfrió el viernes 7 de junio, dos días antes de la fecha fijada para la (frustrada) consulta popular. En ese plebiscito, la ciudadanía diría Sí o No al aumento del 16% de todas las tasas, derechos y contribuciones para financiar –a través de un fondo especial afectado- la Policía Municipal que costaría $150.000.000 por año.

Sin embargo, luego de tres presentaciones para relativizar la legalidad de la consulta en la Justicia Contencioso Administrativa, el juez Simón Isaach falló suspender el plebiscito en función de supuestas irregularidades en la conformación de la Junta Electoral.

Una semana después, el Municipio –por pura formalidad- presentó un recurso de apelación ante el mismo magistrado. Cualquier resolución –a esa altura- caería en abstracto porque la fecha de la consulta ya había pasado.

Desde entonces, el Ejecutivo cambió parte del discurso: quiere Policía Municipal, pero por ley provincial.