La gran estafa chilena

Centenares de miles de chilenos se movilizaron en Santiago de Chile y otras regiones en contra de las AFP, el sistema de capitalización privado que administra las jubilaciones y pensiones de todos sus habitantes. Esta marcha, sumada a la del 24 de julio, expresa un malestar y una demanda de cambio concreta de una porción importante de los habitantes de Chile.

Lejos de considerarse un marcha sesgada con fines políticos partidarios, vale la pena destacar que la organización de la movilización que se fue masificando a lo largo de las semanas estuvo a cargo de grupos autónomos bajo la consigna “No + AFP”. Estos colectivos ciudadanos lograron poner en agenda un oscuro negocio que las empresas privadas hicieron con los recursos de la gente. Los “indignados chilenos” no pertenecen a ningún partido político, probablemente muchos votaron a Bachelet en las elecciones de 2013 y, es una obviedad decir, se ubican a las antípodas del pensamiento de la derecha chilena que defiende este sistema de jubilaciones y pensiones gestionadas con fines de lucro. En ese sentido, un elemento para soslayar es que partidos de izquierda como el Partido Comunista que participaron de la movilización y coinciden con el reclamo forman parte de la coalición de gobierno, claro que con tensiones existentes.

¿Qué son las AFP y a quién beneficia?

Las AFP son las Administradores de Fondos de Pensión, un sistema privado que se define a sí mismo como entidades con fines de lucro creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Luego de una serie de reformas en 1980, el sistema previsional se transformó en un sistema de capitalización individual de las pensiones de vejez, invalidez y supervivencia dejando atrás el sistema de reparto a cargo de las cajas previsionales que se mantuvo para las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Las AFP invierten más de 6.500 millones de dólares en 6 empresas del grupo económico Luksic, un consorcio que controla una importante cantidad de empresas que van desde la minería hasta las telecomunicaciones y la industria. Al mismo tiempo,  otros 4 mil millones de dólares son invertidos en 9 empresas del Grupo Matte, el tercer holding más grande de Chile. Son controladores de las Empresas CMPC, Colbún, Entel Chile, Volcán S.A., Banco Bice, BICECorp, Inversiones Almendral, forestales Cañada, Cominco, Peumo, entre otras.  En el resto de las empresas administradoras de los fondos de las jubilaciones y pensiones privadas son,  Cencosud, la segunda corporación más poderosa de Chile del multimillonario Horst Paulmann (magnate con una fortuna estimada de 3700 millones de dólares) al que le corresponden 1850 millones de dólares , Antarchille y  diferentes fliales del Grupo Angelini con 1670 millones de dólares de inversión. Todas estas empresas invierten más de 30 mil millones de dólares en 10 bancos que operan en Chile.

Según este sistema ¿Quiénes son los que financian a las trasnacionales que invierten en este negocio? Los jubilados, pensionados y discapacitados con su sueldo, con el dinero que depositan para jubilarse.

 ¿Cómo funciona?

El sistema de AFP es un sistema de capitalización en cuentas individuales en el que los trabajadores formales con contrato reciben descuentos del 10 por ciento de su salario mensualmente que va a una “alcancía” personal que luego se capitaliza, es decir, se somete a la especulación financiera, se invierte y reproduce con el objetivo de que los hombres de 65 y las mujeres de 60 programen su jubilación en función de su esperanza de vida. Esto significa que aquellas personas que trabajaron sin aportes o tuvieron lagunas en cuanto al empleo y no cotizaron, tendrán al fin de su vida un ahorro mucho menor. Los propietarios, los cotizantes y futuros pensionados, no tienen derecho a uso ni goce de ese monto nunca, sin importar el ahorro conseguido. Así, las instituciones financieras sostienen el modelo económico chileno desde hace casi 40 años, consolidando el modelo mono exportador y rentista dependiente del cobre, con altos niveles de concentración de riqueza y salarios bajos. El 50 por ciento de los trabajadores chilenos cobran menos que salario mínimo fijado en 396 dólares.

Chile es el único país de Latinoamérica con sistema de jubilación privado, México, Colombia y Perú cuentan con sistemas mixtos.  Kosovo, Rumania, Islas Feroe, Kazajistán, Hong Kong y Nigeria completan la lista de países con sistemas mixtos. Es decir, Chile es el único país del mundo con un único modelo de jubilaciones privado.

La crisis de las jubilaciones y pensiones en Chile acumula varios años, pero se expresa fuertemente en las calles desde hace algunos meses. La indignación alcanzó su punto máximo luego de conocerse una millonaria pensión vitalicia para la pareja del Presidente de la Cámara de Diputados demostrando que los políticos pueden optar por sistemas ajenos al de los ciudadanos y que las empresas privadas cobran comisiones ocultas por cientos de millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la jubilación promedio no supera los 300 dólares, la sensación de injusticia es absolutamente legítima.

El sistema de AFP es la punta del iceberg de un modelo chileno que se mantiene intacto desde su implementación con la llegada de Pinochet. Mercado fuerte y autoregulado, Estado ausente, empresas nacionales inexistentes o mínimas, salarios bajos y una matriz productiva mono exportadora, rentista y especuladora. Algunos lo llaman “regionalismo abierto”, otros lisa y llanamente “neoliberalismo”. Lo cierto es que el sistema de capitalización individual es la nave insignia de un modelo de acumulación de riqueza que muchos consideran en crisis, un modelo que se dedicó a la privatización de los derechos sociales.

Lo más llamativo de Chile es que la matriz económica, legal y social diseñada por la dictadura se mantiene intacta. Las experiencias progresistas de la Concertación no tomaron ninguna medida para mejorar el sistema de salud, garantizar el acceso de la educación o cambiar el jugoso negocio de las AFP. El segundo mandato de Michelle Bachelet está por terminar y las promesas de campaña que iban en la dirección de lograr aquellos que la Concertación no pudo o no quiso hacer están despareciendo como arena entre los dedos. La Nueva Mayoría había prometido educación pública y gratuita, una reforma de la constitución y aborto legal, seguro y gratuito. Nada de eso se cumplió. Apenas algunos parches que no modifican estructuralmente una lógica neoliberal que se transformó en una política de Estado.

Respecto de las AFP, el gobierno propone crear una séptima de origen estatal para que compita con las privadas. El rechazo es absoluto y la posibilidad de un sistema de reparto solidario (similar al que existía previo al golpe de Chile) que no esté atado al fin de lucro empresarial parece un sueño imposible.

“Nuestra previsión en manos de quienes saben” decía la publicidad de Basander AFP en la década del 80 cuando el pinochetismo impulsaba este sistema intentando convencer que las jubilaciones en manos de “inversores serios” era lo mejor para el porvenir de la población. “Alguien lo tiene que pagar”, respondió  el ex presidente Sebastián Piñera cuando centenares de miles de estudiantes se movilizaban reclamando un acceso más igualitario al sistema educativo.

Se entiende por estafa al delito que comete el que, mediante engaño, abuso de confianza o uso de su cargo, se lucra indebidamente. Hoy, los chilenos están pidiendo cambios estructurales que le pongan un freno a esta verdadera estafa.