Sin debate, el presidente del HCD firmó decreto para que el municipio adhiera al Pacto fiscal de Vidal

Tal como adelantó 0223, el gobierno de Carlos Arroyo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con el objetivo de que la municipalidad de General Pueyrredon adhiera al régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal. 

Ante la falta de actividad en el cuerpo legislativo por la ausencia de consenso entre el oficialismo y la oposición para conformar las comisiones internas,  el presidente del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui, firmó el decreto Nº 18 para convalidar la iniciativa del Ejecutivo local.

La intempestiva decisión del titular del Concejo Deliberante ha provocado un gran malestar en la oposición, según confiaron fuentes legislativas a 0223. Cabe recordar que con el paquete del presupuesto 2018, la Legislatura bonaerense sancionó un nuevo régimen de responsabilidad fiscal que fue impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Cada municipio podrá adherir o no.

El gobierno provincial necesita ahora que el nuevo régimen fiscal municipal sea aceptado por los Concejos Deliberantes de los municipios, pero no que todos los intendentes adhieran. Para los que no se adecuen, eso sí, habrá consecuencias. 

La más importante es que la ley inhabilita a los "rebeldes" a recibir asistencia financiera de la provincia o la Nación. En otras palabras, que no podrán conseguir adelantos de la coparticipación provincial ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Ante el millonario déficit que dejó el gobierno de Gustavo Pulti, la administración municipal que conduce Arroyo desde hace tiempo atraviesa una crisis económica, lo que ha motivado el envío de recursos por parte de las administraciones nacional y provincial. 

La norma establece pautas y parámetros que tienden a un manejo prudente de las finanzas municipales para dar mayor eficiencia a los recursos públicos.

A través de la Ley se proyecta garantizar solvencia fiscal en los municipios reduciendo el déficit, limitando el endeudamiento al del 10% de sus recursos corrientes (salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones), e impidiendo el aumento de sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dentro de las condiciones de transparencia y compromiso fiscal dispone que los intendentes, en los seis meses previos a dejar el cargo, no deben tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales.

Además, invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene y Alumbrado, Barrido y Limpieza (actual TSU).

En esa misma dirección, la nueva norma obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones.

Se establece, a su vez, que las comunas deberán realizar una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria y exige practicar un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus niveles salariales.