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Financiamiento de la política: doble moral, pero sin grieta  

Financiamiento de la política: doble moral, pero sin grieta  

José Antonio Román

Las recientes noticias, tanto las denuncias sobre supuesto financiamiento irregular de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, así como la causa conocida como de los “cuadernos” que involucraría a ex funcionarios del FpV y que tiene imputados a empresarios de la obra pública (algunos sujetos a ley del “arrepentido”), ponen al financiamiento de la política nuevamente en discusión.

Esperamos, como buena parte de nuestros compatriotas que las causas prosigan antes que en los medios, en sede judicial. Y que la probidad de los actos jurídicos nos dé información  veraz acerca de los entramados y responsabilidades de estos actos.

Ahora bien, la política -el quehacer político- vuelve a estar teñido de oscuridad toda vez que una parte de los argentinos y argentinas miran a los partidos políticos (PP) como si fueran asociaciones ilícitas, destinadas a apropiarse de los fondos públicos.

Esta es una mirada que preocupa, puesto que miles de personas se dedican a lo público con el sólo sentido del bien común. Muchos, también, para transformar la realidad, como la mayoría de la “militancia” de los PP de origen popular.  Pero quienes defendemos la política debemos reconocer que a veces se hace difícil demostrar esto.

El mundo empresarial y su vecino incómodo, el de los negocios, no tiene nada que hacer con la política. Son esferas completamente separadas, con prácticas distintas. Por caso: es nodal en la práctica política la necesidad de consensos; desde una propuesta -por localizada que estuviera- hasta el armado de una lista, aún una que va a internas abiertas. Luego en un órgano colegiado como los Concejos Deliberantes, Legislaturas o Congreso de la Nación no hay posibilidades de avanzar sin la búsqueda y habilidad para la obtención de consensos.

Nada hay en el mundo empresarial -donde la ganancia es el fin- que se le parezca a esta práctica propia de la política y de las relaciones sociales. Sin embargo muchos compatriotas creen que son mundos con intrincados vasos comunicantes. La política se tiene que hacer cargo de esto. Podemos pasarnos décadas argumentando responsabilidades ajenas pero así poco haremos para frenar irregularidades y poner a lo político en el lugar que le corresponde.

Sincerando hay que decir lo obvio, sin hipocresías: debilitada la política por la caída relativa de poder de los estados a nivel global, y por algo más que impericias propias, ha sido presa de individuos que no le hacen bien desde el primer minuto en que aparecieron por alguna puerta del poder, porque dudosamente sepan lo que es un local partidario.

La segunda conclusión es bastante más movilizante. Los debates en los cuales la mayor cuota de corrupción está en manos de los “otros”, lo único que hacen es reconocer una alta tasa de esa misma corrupción en manos de quien argumenta.  Lo que se elije decir, da cuenta a veces de lo que no se dice. Como dice el viejo Reglamento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires: “El tratamiento de la Cámara será de Honorable, pero sus miembros no tendrán ninguno especial”. No lo dice, pero puede ocurrir que alguno de sus miembros no lo sean.

Otros argumentos son que la corrupción es un problema de décadas en la Argentina, y por tanto, difícil de combatir ahora. O que los poderosos tienen sus armas y los otros no, por lo que hay que recurrir a cualquier instrumento para equiparar “la lucha”.  Frases como “las campañas salen caras” o similares como hemos visto y escuchado en nuestra ciudad, son de una temeridad elocuente y hablan por sí mismas de los dirigentes políticos que las afirman. Así el cinismo se apodera del discurso político cuando de su propio financiamiento se trata. Acá puede haber doble moral, pero no hay grieta.

Un ejemplo de esto es el proyecto de ley que el gobierno acaba de enviar al Congreso. Afirmaron que la idea es restringir a un 2% del gasto total los aportes de sociedades. Cosa que YA está restringida por ley, tanto como los aportes de personas jurídicas o ideales. La propuesta –en realidad- es que grandes empresas vuelvan a poder financiar campañas legalmente, quizás para no tener que inventar aportantes. Pero no lo dicen.

También está prohibido por la Ley 26215 -permaneciendo esta prohibición en las modificatorias producidas por la Ley 26571-  los aportes de empresas concesionarias o de obras públicas tanto sean de nivel Municipal, Provincial o Nacional. Si, se leyó bien. Eso está prohibido. Por eso, quizás, se dibujaron aportantes o hay empresarios de obras públicas que dicen no haber pagado coimas, sino aportado a las campañas (acto ilegal, pero que baja sensiblemente la pena con respecto a otros alcances penales). De hecho y en razón de la investigaciones sobre las campañas de 2015, la Jueza Servini de Cubría dispuso bloquear fondos de aportes estatales que podría hacerse efectivo en el 2019. Un poco tarde.

Como vemos nuestra legislación en la materia prevé, con las limitaciones impuestas por la Ley 26571, un sistema de financiamiento de campañas y de sostenimiento de los Partidos Políticos mixto, entre privado y público. Al parecer, al menos hoy, es el peor de los sistemas.

Esto es así en la medida en que el estado invierte sumas considerables, pero no se reserva el monopolio de ese financiamiento. Lo comparte, a pesar que el gasto que realiza es enorme. Abre la puerta para el financiamiento privado legal y pensamos, en la actual situación, para el ilegal, dado que crea controles sin la estructura adecuada para llevar a cabo los mismos. Un ejemplo es que a título personal empresarios de obras públicas han aportado a la campañas, como reconoció José Torello apoderado nacional del Pro al sitio chequeado.com. Otro es que la Cámara Nacional Electoral ya desde el año 2002 (Acordada 101) solicitó el aumento de agentes con titulo de Contadores Públicos Nacionales, sin resultados eficaces.

Creemos que es hora de discutir un sistema de financiamiento de la política excluyentemente estatal con control y tope del gasto. Para “salvar” a la política, esta debe financiarse exclusivamente con recursos estatales y con controles estrictos. Se debe cambiar hacia un sistema trasparente,  acorde con lo que muchos argentinos queremos.

Nació en Mar del Plata, el 17 de noviembre de 1961. 56 años. Licenciado en Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. Diputado Provincial, 1999-2003. Presidente Comisión de Turismo, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 1999-2001. Presidente Comisión de Asuntos Cooperativos, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 2001-2003. Secretario de Extensión  y Relaciones con la Comunidad, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. 2008-2010.

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Financiamiento de la política: doble moral, pero sin grieta  

Las recientes noticias, tanto las denuncias sobre supuesto financiamiento irregular de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, así como la causa conocida como de los “cuadernos” que involucraría a ex funcionarios del FpV y que tiene imputados a empresarios de la obra pública (algunos sujetos a ley del “arrepentido”), ponen al financiamiento de la política nuevamente en discusión.

Esperamos, como buena parte de nuestros compatriotas que las causas prosigan antes que en los medios, en sede judicial. Y que la probidad de los actos jurídicos nos dé información  veraz acerca de los entramados y responsabilidades de estos actos.

Ahora bien, la política -el quehacer político- vuelve a estar teñido de oscuridad toda vez que una parte de los argentinos y argentinas miran a los partidos políticos (PP) como si fueran asociaciones ilícitas, destinadas a apropiarse de los fondos públicos.

Esta es una mirada que preocupa, puesto que miles de personas se dedican a lo público con el sólo sentido del bien común. Muchos, también, para transformar la realidad, como la mayoría de la “militancia” de los PP de origen popular.  Pero quienes defendemos la política debemos reconocer que a veces se hace difícil demostrar esto.

El mundo empresarial y su vecino incómodo, el de los negocios, no tiene nada que hacer con la política. Son esferas completamente separadas, con prácticas distintas. Por caso: es nodal en la práctica política la necesidad de consensos; desde una propuesta -por localizada que estuviera- hasta el armado de una lista, aún una que va a internas abiertas. Luego en un órgano colegiado como los Concejos Deliberantes, Legislaturas o Congreso de la Nación no hay posibilidades de avanzar sin la búsqueda y habilidad para la obtención de consensos.

Nada hay en el mundo empresarial -donde la ganancia es el fin- que se le parezca a esta práctica propia de la política y de las relaciones sociales. Sin embargo muchos compatriotas creen que son mundos con intrincados vasos comunicantes. La política se tiene que hacer cargo de esto. Podemos pasarnos décadas argumentando responsabilidades ajenas pero así poco haremos para frenar irregularidades y poner a lo político en el lugar que le corresponde.

Sincerando hay que decir lo obvio, sin hipocresías: debilitada la política por la caída relativa de poder de los estados a nivel global, y por algo más que impericias propias, ha sido presa de individuos que no le hacen bien desde el primer minuto en que aparecieron por alguna puerta del poder, porque dudosamente sepan lo que es un local partidario.

La segunda conclusión es bastante más movilizante. Los debates en los cuales la mayor cuota de corrupción está en manos de los “otros”, lo único que hacen es reconocer una alta tasa de esa misma corrupción en manos de quien argumenta.  Lo que se elije decir, da cuenta a veces de lo que no se dice. Como dice el viejo Reglamento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires: “El tratamiento de la Cámara será de Honorable, pero sus miembros no tendrán ninguno especial”. No lo dice, pero puede ocurrir que alguno de sus miembros no lo sean.

Otros argumentos son que la corrupción es un problema de décadas en la Argentina, y por tanto, difícil de combatir ahora. O que los poderosos tienen sus armas y los otros no, por lo que hay que recurrir a cualquier instrumento para equiparar “la lucha”.  Frases como “las campañas salen caras” o similares como hemos visto y escuchado en nuestra ciudad, son de una temeridad elocuente y hablan por sí mismas de los dirigentes políticos que las afirman. Así el cinismo se apodera del discurso político cuando de su propio financiamiento se trata. Acá puede haber doble moral, pero no hay grieta.

Un ejemplo de esto es el proyecto de ley que el gobierno acaba de enviar al Congreso. Afirmaron que la idea es restringir a un 2% del gasto total los aportes de sociedades. Cosa que YA está restringida por ley, tanto como los aportes de personas jurídicas o ideales. La propuesta –en realidad- es que grandes empresas vuelvan a poder financiar campañas legalmente, quizás para no tener que inventar aportantes. Pero no lo dicen.

También está prohibido por la Ley 26215 -permaneciendo esta prohibición en las modificatorias producidas por la Ley 26571-  los aportes de empresas concesionarias o de obras públicas tanto sean de nivel Municipal, Provincial o Nacional. Si, se leyó bien. Eso está prohibido. Por eso, quizás, se dibujaron aportantes o hay empresarios de obras públicas que dicen no haber pagado coimas, sino aportado a las campañas (acto ilegal, pero que baja sensiblemente la pena con respecto a otros alcances penales). De hecho y en razón de la investigaciones sobre las campañas de 2015, la Jueza Servini de Cubría dispuso bloquear fondos de aportes estatales que podría hacerse efectivo en el 2019. Un poco tarde.

Como vemos nuestra legislación en la materia prevé, con las limitaciones impuestas por la Ley 26571, un sistema de financiamiento de campañas y de sostenimiento de los Partidos Políticos mixto, entre privado y público. Al parecer, al menos hoy, es el peor de los sistemas.

Esto es así en la medida en que el estado invierte sumas considerables, pero no se reserva el monopolio de ese financiamiento. Lo comparte, a pesar que el gasto que realiza es enorme. Abre la puerta para el financiamiento privado legal y pensamos, en la actual situación, para el ilegal, dado que crea controles sin la estructura adecuada para llevar a cabo los mismos. Un ejemplo es que a título personal empresarios de obras públicas han aportado a la campañas, como reconoció José Torello apoderado nacional del Pro al sitio chequeado.com. Otro es que la Cámara Nacional Electoral ya desde el año 2002 (Acordada 101) solicitó el aumento de agentes con titulo de Contadores Públicos Nacionales, sin resultados eficaces.

Creemos que es hora de discutir un sistema de financiamiento de la política excluyentemente estatal con control y tope del gasto. Para “salvar” a la política, esta debe financiarse exclusivamente con recursos estatales y con controles estrictos. Se debe cambiar hacia un sistema trasparente,  acorde con lo que muchos argentinos queremos.

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