Perú: ¿cerrar el Congreso para defender la democracia?

“Ante la negación fáctica de confianza, decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”, dijo Martín Vizcarra al anunciar la disolución del Congreso.

Perú vive una nueva jornada de intensidad política luego del anuncio del presidente, Martín Vizcarra, de disolver el Parlamento para convocar a elecciones parlamentarias. La tensión entre el jefe de estado y el Congreso de mayoría fujimorista no es nueva, ya que, tras su llegada al poder la falta de apoyo legislativa lo impide de avanzar en lo que considera leyes fundamentales. 

Cabe destacar que Vizcarra llegó al poder luego de que  Pedro Pablo Kuczynsky decidiera renunciar al cargo para evitar la destitución del mismo parlamento con el que había negociado la liberación de Alberto Fujimori a cambio de gobernabilidad. 

Escuchar "cierre del congreso" tiene una connotación negativa para la visión de un argentino, pues, no está contemplado en nuestra Constitución ni es algo que haya sucedido en nuestra democracia reciente pero en Perú ya sucedió, en ese caso de forma ilegal, con Fujimori en 1990. 

Se trata de un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Carta Magna que, según el jurista Marcial Rubio, tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. "Si a la mayoría parlamentaria que hoy disuelvo y se ha opuesto al ejecutivo o si le da la razón al ejecutivo eligiendo una nueva mayoría", explicó Vizcarra en su discurso.

En esta ocasión, paradójicamente, el principal adversario de la decisión presidencial es la derecha fujimorista representada por Fuerza Popular que tiene el control del parlamento, mientras que el presidente cuenta con el apoyo de las bancadas progresistas como es el caso del Frente Amplio que tiene a Veronika Mendoza como referente y que estuvo muy cerca de entrar en el balotaje en las elecciones de 2016 que finalmente tuvo a Kieko Fujimori y Pedro Pablo Kucznski en la contienda definitiva. 

El disparador de la decisión del mandatario fue la cuestión de confianza interpuesta por el gobierno que propone modificaciones al proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional por falta de transparencia y metodologías viciadas por los legisladores de la oposición. 

Esta pelea tiene otro antecedente que nos permite entender un poco la dimensión de la pelea política que tiene que ver con la intención de Vizcarra de reformar la constitución y adelantar las elecciones presidenciales para el año que viene. Es tal la relevancia de este tema para el presidente que ocupó la mita de su discurso en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Independientemente de los aspectos legales y constitucionales el objetivo de Vizcarra es fortalecer la investidura presidencial. Que los últimos presidentes hayan estado a la merced del poder judicial, el parlamento e involucrados en casos de corrupción es motivo suficiente como para apelar a las herramientas institucionales que le permitan a un presidente no electo y sin base de sustento a someterse a las urnas para oxigenarse. 

Datos claves que permiten comprenden la decisión presidencial son los que arrojó la consultora Ipsos Perú y que indican que el 65 por ciento desaprueba la destitución de Vizcarra, un 48 por ciento respalda al jefe de estado, el 70 por ciento quiere elecciones anticipadas y, por último, dos datos que revelan el grado de desprestigio del Congreso: solo el 7 por ciento lo apoya y el 78 por ciento considera que obstruye. Si consideramos que este relevamiento es de hace 15 días, los números de hoy serían aún más favorables para el presidente.

El riesgo de la jugada es doble: por un lado la oposición pretende utilizar la herramienta de "vacancia por incapacidad moral" para sacarlo del gobierno como hicieron con PPK. Por otro lado, su voluntad de debatir legalmente su posibilidad de presentarse como candidato alimenta la versión de que lo que se viene es un "autoritarismo populista" capaz de todo para quedarse en el poder. 

Confiep, principal agrupamiento de empresas también se pronunció,  consideró que la decisión de Vizcarra es inconstitucional y pidió "respetar el sistema democrático". El poder económico se metió en la cancha. 

Al momento de escribir esta columna, el presidente publicó el decreto en el que confirma su decisión y convoca a elecciones parlamentarias para enero de 2020 y nombró como nuevo Presidente del Consejo de Ministros a Vicente Zeballos ante la dimisión de Salvador Del Solar. Al mismo tiempo, el Parlamento votó la vacancia, suspendió a Vizcarra en su cargo y designó como "Presidenta encargada" a Mercedes Araoz, con el respaldo partidos de derecha como Fuerza Popular, Apra, Contigo, Cambio 21, Alianza para el Progreso y Acción Popular y sin la presencia de Peruanos por el Kambio, Bancada Liberal, Frente Amplio y Nuevo Perú. Es decir, Perú tiene dos presidentes. 

A Vizcarra le asiste la razón y se arriesga porque las encuestas le dan favorable en un eventual proceso electoral y parece contar con la audacia de poner en discusión para mover una estantería que hace rato que esta quiera. ¿Lo logrará o seguirá la suerte de sus antecesores? Por el momento, estamos ante una noticia en desarrollo.