Recta final en Bolivia: expectativa y preocupación

Bolivia se encamina a las elecciones generales para recuperar la institucionalidad perdida luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre del año pasado. De esta manera, el largo interinato de Jeanine Añez llegará a su fin no sin haber transcurrido represiones, persecuciones, detenciones ilegales y un sin fin de declaraciones virulentas propias de una narrativa de guerra. 

A pesar de las condiciones desfavorables, el Movimiento al Socialismo (MAS) aparece bien posicionado en todas las encuestas que reflejan que tiene posibilidades serias de ganar en primera vuelta. Por ese motivo, Añez primero y Jorge Tuto Quiroga después, declinaron sus candidaturas para concentrar el voto anti-Mas y forzar una segunda vuelta, en la cual, la derecha representada en Carlos Mesa tiene muchas chances de quedarse en el gobierno. 

Por su parte, el MAS pone énfasis en la necesidad de reforzar la observación de los comicios y destacó  que "si hay transparencia, ganamos en primera vuelta". La preocupación es lógica, pues, el origen de todo es un golpe, pero hasta el momento no hubo más que declaraciones temerarias de funcionarios como Arturo Murillo que acusó al partido de Evo Morales de querer llevar cabo un fraude. Estas acusaciones cruzadas no responden a irregularidades que provengan del Tribunal Supremo Electoral, quien actuó con independencia a pesar de las presiones, sino de las fuerzas políticas que con ese discurso enrarecen un clima político que viene denso desde hace un tiempo. 

En contra de la versión del fraude aparece la decision de la derecha de bajarse de la candidatura y forzar un voto útil contra el MAS, ¿para qué hacerlo entonces?. Por otro lado, a favor de las sospechas está el viaje de Murillo a Estados Unidos para reunirse con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se sumó a la insólita hipotesis de fraude orquestado por Evo Morales. 

Recientemente, la vocera del MAS, Marianela Paco, sostuvo con criterio que el proceso electoral no puede ser supervisado por los mismos que fueron parte del derrocamiento de Morales el año pasado como la OEA y las Fuerzas Armadas. 

En medio de la tensión previa y los temores de fraude, el proceso electoral está dejando algunas certezas. Por un lado, la capacidad del MAS de reconstruirse en medio del caos interno, con su líder en el exilio, buena parte de sus cuadros de conducción perseguidos y una dispersión fenomenal agravada por las diferencias entre los que defendieron la centralidad de Evo Morales y los que se quedaron en el territorio lidiando con las nuevas autoridades. Esa disputa pudo suturarse a tiempo para llegar a  las elecciones fortalecidos. 

Además, el MAS quedará con una muy buena representación territorial en los Departamentos (según las encuestas está ganando en 6 de 9) y está muy cerca de quedarse con las mayorías en ambas cámaras de la Asamblea Plurinacional. El desafío más grande es, en caso e ganar, construir una convivencia razonable entre Luis Arce y Evo Morales y, si la derecha obtiene el triunfo transitar un proceso de renovación de liderazgos internos de la manera más pacifica posible. 

Del lado de la derecha, la desesperación para unirse contra el MAS demuestra, además de un odio irracional que incluye aspectos de clase y una intención notoria de destruir una identidad popular, un temor a rendir cuentas en el futuro no solo por causas de corrupción sino también por crímenes de Estado. 

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de Bolivia  presentó un informe que será presentado ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde habla de "crímenes de lesa humanidad". Se trata de los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, concluye que el Gobierno transitorio cometió “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones” dictadas bajo la actual administración gubernamental, y en actos de tortura por parte de la Policía Boliviana.

El informe titulado “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”,  presentado este lunes por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, describe  la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron  37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz.

Concluye, además, "que casi 10 meses después de lo ocurrido no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país, que a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos; y de las operaciones conjuntas policiales militares, así como la  eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078; la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas".

Jeanine Añez y sus ministros deberán rendir cuentas en este aspecto y por eso el apuro por concentrar el voto forzar un balotaje que podría resultar favorable. ¿Por qué no se baja Luis Fernando Camacho? En el espectro de la derecha, el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz es el que más tiempo tiene, a diferencia de Carlos Mesa quien tiene la última oportunidad para demostrar que puede gobernar un país cuya conflictividad lo hizo renunciar en 2005. Camacho, aún perdiendo, puede hacerse fuerte en su territorio, ubicar legisladores y posicionarse para próximas elecciones. 

Así, entre la expectativa y la preocupación, transita un país que pasó de ser el más estable y con mayor crecimiento sostenido de la región, a jugar sus ultimas carta para recuperar la institucionalidad democrática en un contexto de convulsión que llegó para quedarse, gane quien gane.