Enfoque global

11 de Noviembre de 2019 17:15

Crisis, golpe y barbarie

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Evo Morales sufrió un golpe de Estado que lo obligó a dejar la presidencia. Los actores que lo hicieron posible y la incertidumbre que se abre en Bolivia ante un verdadero vacío institucional.

Para empezar a analizar lo que sucedió en Bolivia es importante dejar en claro que lo que ocurrió fue un golpe de Estado contra un mandatario democráticamente electo. De hecho, quienes argumentan que las irregularidades electorales denunciadas por la oposición y ratificadas por el informe prelmilinar de la OEA fueron el motivo de la salida anticipada del presidente omiten que lo que está interrumpiendo es el mandato obtenido por Morales en 2014 cuando logró el 63,3 por ciento con una ventaja de más de 40 puntos al segundo. 

Esto, sumado a los motines policiales, el rol de los comités cívicos a la hora de orquestar ataques, secuestros, amenazas y linchamientos a funcionarios y sus familiares que tuvieron que asilarse en diversas sedes diplomáticas, periodistas y medios públicos perseguidos y ante la posibilidad de ser intervenidos, seguidores e integrantes del partido de gobierno y la "sugerencia" de las Fuerzas Armadas para que deje el poder generó las condiciones para el lamentable desenlace. 

La interrupción del orden constitucional en Bolivia dejó un país acéfalo y un vacío institucional que arroja muchos interrogantes de cara a lo que viene. En primer lugar, las marchas convocadas para apoyar a Evo tendrá que enfrentarse con una policía sin ningún tipo de conducción política luego de la renuncia del comandante Yuri Calderón. El nivel de apoyo que encuentre Evo en las calles puede ser determinante para el futuro pero todo está dado para una masacre.

Por otro lado, la "salida constitucional" por la que bregan los opositores con apoyo de gobierno como el del saliente Mauricio Macri pueden encontrarse con un escollo para nada menor. La renuncia tiene que ser aprobada por la Asamblea Plurinacional que deberá elegir a un gobernante interino frente a la dimisión de toda la línea sucesoria (Evo Morales, el vice Alvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el de diputados Víctor Borda) necesita de los asambleístas del Movimiento al Socialismo que han presentado sus renuncias de manera masiva. En ese contexto, la opositora y vicepresidenta 1° del Senado, Jeanine Áñez quien se mostró dispuesta a hacerse cargo de la situación para convocar a elecciones en un plazo de 90 días necesitan de un quorum que no está garantizado. Por estrategia o circunstancia, los hacedores del golpe tienen condicionado el punto final. 

El contexto

Para entender el presente debemos irnos hacia el referéndum de 2016 impulsado por el gobierno y que determinó que el desacuerdo de la sociedad ante una nueva postulación del jefe de Estado. A pesar de ello, Evo encontró legalidad (en los márgenes, pero legalidad al fin) acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia que lo terminó habilitando.

Con esto no se justifica el violento golpe consumado en las últimas horas pero explica la pérdida de votos de un comicio al otro en un contexto de estabilidad económica, crecimiento, baja inflación, entre otros logros de la gestión masista. Ese día nació un activo que se encuentra movilizado en apoyó a la salida del presidente, independientemente de la barbarie que la acompaña. 

Una vez iniciado el proceso electoral, la oposición no solo cuestionó la legalidad de la candidatura sino que anticipó que no iba a reconocer los resultados. Y así fue, alimentado por un conteo rápido irregular que demoró en escrutas la totalidad de las actas, algo que suele suceder en otras elecciones pero que pone un manto de sospecha en un pelea electoral más apretada. 

Evo entendió que la situación se estaba complicando y aceptó una auditoría vinculante de la Organizacion de Estados Americanos que establecía que si el gobierno superaba los diez puntos, habría segunda vuelta. La moderacion del gobierno no calmó las aguas sino que radicalizó a la oposición (tal vez ante la certeza de un presidente en inferioridad de condiciones) que rechazó ser parte de la supervisión y abrió el escenario al sector más reaccionario expresado en Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. 

Los actores del golpe

Luis Fernando Camacho es el hijo del empresario de origen cochabambino radicado en Santa Cruz, dueño del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida.

El patrimonio aproximado de esta empresa se puede medir teniendo en cuenta que el padre Camacho compró la empresa paraguaya Fénix de Seguros y Reaseguros por 3,7 millones de dólares para expandir el negocio de los seguros Nacional Vida, de la que es dueño y hasta fin de año piensa expandir su negocio, además de Paraguay, a Chile y Argentina.

Además era el dueño de la empresa que tuvo el Monopolio de la distribución de gas en Santa Cruz, Sergas, y ciudades próximas como Montero y Warnes por 20 años, desde 1989 hasta el 2009. La concesión fue otorgada en los procesos de capitalización y privatización de los gobiernos anteriores a Evo Morales y eliminada por el proceso de nacionalización de hidrocarburos del gobierno de Evo.

Camacho sin lugar a dudas tiene la intención de canalizar el descontento y la bronca que el sector más acaudalado de Bolivia carga contra el proyecto de Evo Morales cuya violencia y odio a la que se suma el componente del fundamentalismo religioso que lo emparenta con Jair Bolsonaro, nos remonta al intento de golpe de 2008 de la media luna boliviana que fue impedida por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hoy extinta por decisión delos gobierno conservadores que asumieron en Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia y Chile. La falta de un espacio para procesar este tipo de situaciones es, sin lugar a dudas, una de las razones para que esto avance ante la mirada de la OEA y toda la Comunidad Internacional.

¿Qué pasa con Carlos Mesa? Intelectual de miradas progresistas que pasó de la moderación que lo llevó a acompañar a Evo a la Corte Internacional de La Haya en medio de la disputa con Chile por la salida al mar, a la radicalización que lo corrió de la escena para darle paso a Camacho y su gente. En este estado de cosas, no hay ninguna garantía de que sea quien herede la conducción del país y eso, lo hace participe necesario de la situación actual.

Lo que viene

Es muy complejo anticipar un escenario que nos proyecte más allá de una semana. En lo que sí podemos enfocarnos es en las declaraciones de Camacho que van desde "hay que detener a todos los integrantes del partido de gobierno" y "la Pacahamama no estará más en el gobierno, Bolivia es de dios" que orientan una retórica y una práctica relacionada a una cacería de dirigentes del oficialismo que podría incluir la detención de Evo y un eventual linchamiento si este no cuenta con protección.

Sobre lo institucional, el vacío que dejaría la ausencia del MAS en el debate parlamentario podrá a todos los actores políticos a correr en círculos pero sería otra excusa para concretar el giro autoritario e incorpore ilegalizaciones, prisiones o la toma de control del Ejército. 

Toda hipótesis que se tire sobre la mesa puede ser considerada válida, más aún si se tiene en cuenta la inexistencia de un organismo regional creíble, ecuánime y verdaderamente preocupado por la democracia.

La certeza de la que nos podemos parar es que la radicalización llegó para quedarse, en Bolivia y en toda la región. Un dato que deberá ser tomado por Alberto Fernández, una vez que asuma el 10 de diciembre.

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