Cuestionan el DNU de Macri de modernización de la flota pesquera: “Son buques que se descartan en Europa"

La multisectorial “Ningún hundimiento más”, integrados por familiares de las víctimas del Rigel y del Repunte, expresaron su malestar por el inminente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri.

Sostienen que el primer mandatario “tomó la decisión contraria”, luego del encuentro realizado el año pasado con los familiares de las víctimas de hundimientos, ya que el DNU “no es otra cosa que la reafirmación de un  camino que ya nos generó dolor y muerte: La importación de barcos usados, de barcos chatarra, de barcos de la muerte. Recordemos que desde el 2000 a la fecha se produjeron 44 hundimientos de buques pesqueros dejando un saldo de 95 trabajadores entre muertos y desaparecidos”.

Según advierten, el decreto establece que el armador cuenta con un plazo de 20 años para la renovación de los buques y con la posibilidad de acceder a una prórroga de 20 años más si acreditan reparaciones del mismo en el orden del 60%.

“Es decir, que podríamos tener barcos de hasta 80 años navegando en nuestros mar. Totalmente a contramano de lo que sucede en el mundo, donde se establecen límites a la navegabilidad de las embarcaciones, con un máximo 40 años”, señalan desde la Multisectorial.

“Luego del debate entre armadores e industriales, se llegó a un acta acuerdo (no todos la firmaron) que establece en los hechos una reducción de los aranceles a la importación de buques usados. La industria naval nacional seguirá restringida a la construcción de buques pesqueros de eslora inferior a los 35 metros. Es decir, los armadores que decidan importar buques usados de más de 35 metros de eslora, ¡que podrán tener hasta 20 años de antigüedad!, gozaran del beneficio de la baja de aranceles. No hay ni protección, ni promoción de la industria, hay entrega y apertura de nuestro caladero para las embarcaciones que se descartan en Europa y el mundo”.   

  Asimismo, reclaman que el DNU establece la posibilidad de “la utilización de la cuota, permisos o autorizaciones de capturas como activos de las empresas para acceder a los créditos”. Los empresarios podrían construir un barco y poner de garantía el recurso pesquero, pese a que este, por ley, es propiedad exclusiva del Estado y el empresariado es solo un concesionario. ¿Qué sucederá si los armadores no cancelan los préstamos? Los bancos se quedarán con los permisos de pesca y el Estado perderá control sobre los mismos. El mar dejaría definitivamente de ser un lugar de producción y trabajo, dejaría de ser un lugar donde establecer políticas de cuidado del medioambiente y de proyección de nuestra soberanía y se convertiría en un lugar más de especulación inmobiliaria y financiera”.

“Queremos defender la vida, tenemos que priorizar los derechos y no los negocios. Causa mucha bronca que utilicen el dolor y la lucha de todos estos años para avanzar en sus negocios”, reclamaron desde la Multisectorial.