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Arroyo y su constante búsqueda de respuestas fuera de la política

Arroyo y su constante búsqueda de respuestas fuera de la política

Por Mariano Suárez

El intendente Carlos Arroyo tiene severos problemas para encontrar respuestas en el Concejo Deliberante que le permitan avanzar con sus iniciativas. A punto tal que hace pocos días ni siquiera pudo imponer al presidente del cuerpo legislativo, una tradición que las distintas fuerzas políticas de Mar del Plata respetan desde hace años. Es, ni más ni menos, un problema político. Y lejos de buscar resolverlo con política, el jefe comunal –y su entorno- buscan respuestas en otros actores.

La Justicia es la principal instancia. Y el recurso no es novedoso: fueron reiterados los pedidos del municipio a la Fiscalía General para que intervenga y desaloje los distintos acampes que se realizaron frente al municipio. Las respuestas casi siempre fueron las mismas: “Es un problema político, no un problema penal”.

Todos esos conflictos, más tarde o más temprano, se resolvieron tras llegar a acuerdos con las organizaciones. El intendente, de todos modos, hizo oír una y otra vez sus cuestionamientos ante lo que consideraba una falta de acción del Poder Judicial.

Por estas horas, esa idea de buscar respuestas a problemas políticos fuera de la política se repite con resultados dispares. Por un lado, está el tema del aumento del boleto de colectivo. Por el otro, la bonificación docente.

En el primero el arroyismo dio cátedra de carencia de manejo político. Llevó al expediente a las comisiones y jamás buscó consenso con los sectores de la oposición para sumar los votos necesarios para aprobarlo. Está claro que no es sencillo conseguir eso: nadie en la oposición quiere pagar el costo político de aumentar el boleto de colectivo y deja que el oficialismo resuelva ese problema.

No obstante, el arroyismo ni siquiera lo intentó. “A mí no me llama nadie. No tengo idea qué es lo que quieren hacer, está todo muy mal manejado”, se quejó en las últimas horas un concejal del radicalismo.

Este miércoles el proyecto dio un nuevo paso en la comisión de Legislación que ahora será tratado en el recinto. Sin el acompañamiento de Alejandro Carrancio el radicalismo no logró avanzar con su idea de cederle la facultad al intendente para que apruebe el aumento. Aunque el final del camino sigue siendo de total incertidumbre: hoy parece imposible que se reúnan los trece votos para aprobar la suba de la tarifa. El paso desprolijo se dio para descomprimir el clima social, cada vez más caldeado ante el paro nocturno del transporte público.

Al mismo tiempo, el arroyismo buscó una respuesta por fuera de la política para tener algo de aire: pidió al Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. Ese recurso le permitió, por ejemplo, devolverle la vida al municipio en medio de la pelea con el STM. En un hecho inédito, se dictó la conciliación dos veces en el mismo conflicto.

Esta vez, la respuesta de la cartera laboral no fue la misma. “Nosotros intervenimos en conflictos entre empleadores y trabajadores. Pero acá hay un problema que el municipio no puede resolver. Son ellos los que deben solucionarlo. Por ahora, no vamos a intervenir”, señaló una fuente de la cartera laboral.

Casi al mismo tiempo se supo que el juez en lo Contencioso Administrativo Simón Isacch rechazó una medida cautelar presentada por un grupo de docentes municipales para que quede sin efecto el decreto firmado por el jefe comunal mediante el cual modificó el modo de cálculo de la bonificación docente.

En sus argumentos, el magistrado señaló que en la prueba aportada no se evidencia una pérdida salarial, pues en el decreto queda explicitada la garantía salarial. Además, Isacch hizo referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que suspendió la aplicación de la ordenanza aprobada por insistencia por el Concejo Deliberante.

Éste es apenas un capítulo de la novela del Ejecutivo en la Justicia. El viernes último otro juez en lo Contencioso Administrativo, Marcelo Fernández, había resuelto ante la misma cuestión (un amparo presentado por otro grupo de docentes) dictar una medida cautelar para restituir la bonificación docente que había aprobado el cuerpo legislativo.

A su vez, luego del guiño de la Suprema Corte que suspendió la aplicación de la ordenanza hasta que se resuelva la cuestión de fondo (si existió o no una intromisión de poderes del Concejo sobre el Ejecutivo) las autoridades municipales volvieron al máximo tribunal para pedirle que se expida sobre el modo en el que el Concejo Deliberante aprobó aquella norma. Cuestionaron que en una sesión convocada para interpelar a dos funcionarios se haya avanzado en el rechazo al veto del intendente.

Parece extraño que mientras aguarda que se resuelva una cuestión de fondo el municipio sume otra presentación por una formalidad. “Es que no queremos concederles nada”, confió un allegado a Arroyo. “Parece que huelen que la Corte no va a fallar como ellos quieren”, aventuró un opositor.

En la oposición e incluso en un amplio sector de Cambiemos ven que esta tendencia de judicializar los conflictos políticos se agravó con el desembarco del abogado Andrés Barbieri, quien tiene un estrecho vínculo con el secretario de Hacienda Hernán Mourelle, quienes se convirtieron en los principales referentes del arroyismo duro y son los apuntados por dinamitar todos los puentes políticos. Más allá de las críticas constantes, Arroyo  los respalda y sigue buena parte de su manual de instrucciones.

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Arroyo y su constante búsqueda de respuestas fuera de la política

El intendente Carlos Arroyo tiene severos problemas para encontrar respuestas en el Concejo Deliberante que le permitan avanzar con sus iniciativas. A punto tal que hace pocos días ni siquiera pudo imponer al presidente del cuerpo legislativo, una tradición que las distintas fuerzas políticas de Mar del Plata respetan desde hace años. Es, ni más ni menos, un problema político. Y lejos de buscar resolverlo con política, el jefe comunal –y su entorno- buscan respuestas en otros actores.

La Justicia es la principal instancia. Y el recurso no es novedoso: fueron reiterados los pedidos del municipio a la Fiscalía General para que intervenga y desaloje los distintos acampes que se realizaron frente al municipio. Las respuestas casi siempre fueron las mismas: “Es un problema político, no un problema penal”.

Todos esos conflictos, más tarde o más temprano, se resolvieron tras llegar a acuerdos con las organizaciones. El intendente, de todos modos, hizo oír una y otra vez sus cuestionamientos ante lo que consideraba una falta de acción del Poder Judicial.

Por estas horas, esa idea de buscar respuestas a problemas políticos fuera de la política se repite con resultados dispares. Por un lado, está el tema del aumento del boleto de colectivo. Por el otro, la bonificación docente.

En el primero el arroyismo dio cátedra de carencia de manejo político. Llevó al expediente a las comisiones y jamás buscó consenso con los sectores de la oposición para sumar los votos necesarios para aprobarlo. Está claro que no es sencillo conseguir eso: nadie en la oposición quiere pagar el costo político de aumentar el boleto de colectivo y deja que el oficialismo resuelva ese problema.

No obstante, el arroyismo ni siquiera lo intentó. “A mí no me llama nadie. No tengo idea qué es lo que quieren hacer, está todo muy mal manejado”, se quejó en las últimas horas un concejal del radicalismo.

Este miércoles el proyecto dio un nuevo paso en la comisión de Legislación que ahora será tratado en el recinto. Sin el acompañamiento de Alejandro Carrancio el radicalismo no logró avanzar con su idea de cederle la facultad al intendente para que apruebe el aumento. Aunque el final del camino sigue siendo de total incertidumbre: hoy parece imposible que se reúnan los trece votos para aprobar la suba de la tarifa. El paso desprolijo se dio para descomprimir el clima social, cada vez más caldeado ante el paro nocturno del transporte público.

Al mismo tiempo, el arroyismo buscó una respuesta por fuera de la política para tener algo de aire: pidió al Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. Ese recurso le permitió, por ejemplo, devolverle la vida al municipio en medio de la pelea con el STM. En un hecho inédito, se dictó la conciliación dos veces en el mismo conflicto.

Esta vez, la respuesta de la cartera laboral no fue la misma. “Nosotros intervenimos en conflictos entre empleadores y trabajadores. Pero acá hay un problema que el municipio no puede resolver. Son ellos los que deben solucionarlo. Por ahora, no vamos a intervenir”, señaló una fuente de la cartera laboral.

Casi al mismo tiempo se supo que el juez en lo Contencioso Administrativo Simón Isacch rechazó una medida cautelar presentada por un grupo de docentes municipales para que quede sin efecto el decreto firmado por el jefe comunal mediante el cual modificó el modo de cálculo de la bonificación docente.

En sus argumentos, el magistrado señaló que en la prueba aportada no se evidencia una pérdida salarial, pues en el decreto queda explicitada la garantía salarial. Además, Isacch hizo referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que suspendió la aplicación de la ordenanza aprobada por insistencia por el Concejo Deliberante.

Éste es apenas un capítulo de la novela del Ejecutivo en la Justicia. El viernes último otro juez en lo Contencioso Administrativo, Marcelo Fernández, había resuelto ante la misma cuestión (un amparo presentado por otro grupo de docentes) dictar una medida cautelar para restituir la bonificación docente que había aprobado el cuerpo legislativo.

A su vez, luego del guiño de la Suprema Corte que suspendió la aplicación de la ordenanza hasta que se resuelva la cuestión de fondo (si existió o no una intromisión de poderes del Concejo sobre el Ejecutivo) las autoridades municipales volvieron al máximo tribunal para pedirle que se expida sobre el modo en el que el Concejo Deliberante aprobó aquella norma. Cuestionaron que en una sesión convocada para interpelar a dos funcionarios se haya avanzado en el rechazo al veto del intendente.

Parece extraño que mientras aguarda que se resuelva una cuestión de fondo el municipio sume otra presentación por una formalidad. “Es que no queremos concederles nada”, confió un allegado a Arroyo. “Parece que huelen que la Corte no va a fallar como ellos quieren”, aventuró un opositor.

En la oposición e incluso en un amplio sector de Cambiemos ven que esta tendencia de judicializar los conflictos políticos se agravó con el desembarco del abogado Andrés Barbieri, quien tiene un estrecho vínculo con el secretario de Hacienda Hernán Mourelle, quienes se convirtieron en los principales referentes del arroyismo duro y son los apuntados por dinamitar todos los puentes políticos. Más allá de las críticas constantes, Arroyo  los respalda y sigue buena parte de su manual de instrucciones.

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