Para acceder a un financiamiento nacional, la Municipalidad devolverá $8 millones que debía de 2016

El intendente Guillermo Montenegro autorizó la devolución de unos 8 millones de pesos que la Municipalidad de General Pueyrredon recibió en 2015 del gobierno nacional y que finalmente no utilizó, como condición impuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para habilitar un nuevo convenio para desarrollar acciones ambientales en la ciudad.

La novedad se conoció a través del Decreto 1674/23 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se expusieron los pormenores de una historia cuyo origen se remonta a finales del gobierno de Gustavo Pulti. En aquel momento, el Ejecutivo firmó un convenio con la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para colaborar con el proyecto de contenerización de residuos sólidos urbanos que se busca implementar en la ciudad.

El primer desembolso de $7.897.000 -unos $193 millones actualizados a la fecha por inflación- fue recibido por la Comuna en octubre de 2015 y estaba destinado a la compra de 980 contenedores de 3.200 litros, con apertura a tapa a pedal, para allí disponer los residuos en algunas zonas de la ciudad. El Emsur inició las tramitaciones para el llamado a licitación, pero la compra finalmente no se adjudicó y el proyecto quedó en el olvido, ya bajo la intendencia de Carlos Arroyo, quien asumió en diciembre de ese año. Al año siguiente venció la rendición de cuentas que debía realizar la Municipalidad ante Nación, trámite que nunca se efectuó, por lo que quedó abierta una deuda.

La irregularidad saltó a la luz en el último tiempo, cuando el gobierno municipal inició tratativas con el Ministerio de Ambiente para firmar convenios para obtener el financiamiento para la ejecución de un plan de acción ambiental, en el marco de proyectos para el planeamiento urbano y metropolitano integrado e intervenciones piloto bajas en carbono que, además de Mar del Plata, se desarrollarán en las ciudades de Buenos Aires y Ushuaia, y en las áreas metropolitanas de Mendoza y Salta.

En ese contexto, las autoridades ministeriales advirtieron que como “condición limitante para el financiamiento de nuevos convenios”, la Comuna debía proceder a “la devolución de los fondos transferidos y no rendidos”; según se explicita en el decreto al que accedió 0223. Ante ese escenario, Montenegro autorizó a la devolución de los $7.987.000 nunca rendidos, una deuda que se mantiene en su original valor nominal.

El proyecto para la contenerización

A finales de 2014, el entonces gobierno de Pulti avanzó en el diseño de un proyecto para innovar el sistema de recolección de residuos, con la instalación de 1.741 contenedores, que se dispondrían en el centro y en la periferia, para lo cual la concesionaria debería contar con seis camiones de recolección lateral de contenedores y dos camiones para lavarlos.

Tras obtener un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en enero del año siguiente se convocó a licitación, donde se recibieron siete ofertas, aunque finalmente no progresó ninguna. En septiembre, el Concejo Deliberante aprobó un nuevo pliego y el 9 de diciembre, un día antes del cambio de gestión, el gobierno anunció que se llamaría a licitación para la compra de los 980 contenedores financiados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se preveía que un 40% se coloque en los barrios con el objetivo de eliminar los microbasurales y el otro 60%, en la zona de centro y macrocentro de la ciudad.

Sin embargo, ya con Carlos Arroyo en la intendencia, el proyecto fue abortado y el nuevo contrato con la empresa concesionaria se firmó sin la contenerización de la basura. “Por el momento no se hará la contenerización, porque no hay contenedores”, explicó en aquel entonces a 0223 el secretario de Hacienda, José Cano. La no prestación de este servicio le permitió a la Comuna ahorrarse casi 3,5 millones al mes, cuando el contrato total ascendía a 45,6 millones mensuales.