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15 de Abril de 2019 20:33

Piden que las playas cedidas a los Peralta Ramos vuelvan a manos del Estado

El abogado Julio Razona realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon por considerar que la transferencia realizada a la familia del fundador de la ciudad se hizo cuando no existía un Estado de Derecho. ¿Cuál es la zona en disputa?

Las playas ubicadas al sur del faro de Punta Mogotes, probablemente, sean las más bellas del litoral marítimo de la ciudad de Mar del Plata. Serán muchos otros los que piensen que hay diversos sitios al borde del mar a lo largo del partido de General Pueyrredon que son aún más atrapantes. Sin embargo, de lo que no hay duda, es que las playas que se extienden desde el inicio del tramo sur de la ruta 11 hasta el arroyo Las Brusquitas son de las más concurridas y, por sobre todas las cosas, de las más usufructuadas en toda la región.

En las últimas horas, el abogado marplatense Julio Razona realizó una presentación formal ante la Defensoría del Pueblo local para pedir su intervención con el objetivo de salvaguardar el patrimonio público y reclamar para el Estado las 106 hectáreas frente al mar que quedaron en poder de la familia Peralta Ramos hace varias décadas.

 

 

En diálogo con 0223, Razona explicó que esa cesión se efectuó “mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en 1970” y, en tal sentido, consideró que ese dictamen “es insanablemente nulo e inconstitucional ya que fue resuelto por una Corte de facto en una dictadura en la que no existió el Estado de Derecho”.

 

 

Para el exsecretario de Seguridad del gobierno de Arroyo, ese argumento “es suficiente” a fin de que la Defensoría “inicie las acciones de inconstitucionalidad contra la resolución”.

Razona explicó además que recurrió a la Defensoría “atento a la falta absoluta de actividad por parte de los funcionarios municipales, quienes deberían ser los principales interesados en recuperar para el Estado las mencionadas tierras”.

La cesión de las playas en cuestión, derivó en la explotación de las mismas por parte de la empresa Playas del Faro Sociedad Anónima Inmobiliaria, firma que ya había sido denunciada el año pasado por irregularidades en la concesión del balneario Los Acantilados.