Trata de personas: explotaban a nenes, los golpeaban y obligaban a dormir con perros

La Justicia desarticuló un centro de explotación infantil en Florencio Varela tras descubrir que 13 menores vivían bajo condiciones de extrema precariedad y servidumbre. Las dos mujeres encargadas del hogar fueron detenidas e imputadas por someter a los chicos a jornadas de trabajo forzado que incluían tareas de albañilería, mantenimiento pesado y cuidado de animales. Según la investigación, los pequeños eran obligados a cargar materiales peligrosos y limpiar desechos en condiciones inhumanas desde la madrugada hasta la medianoche.

El expediente judicial detalla un escenario de terror donde los chicos sufrían maltratos físicos, privación de alimentos y castigos severos cuando intentaban resistirse a las tareas impuestas. Además, se registraron situaciones de hacinamiento absoluto, donde los pequeños compartían lechos con animales y carecían de cualquier tipo de atención médica o escolarización básica. La prohibición de comunicarse con el exterior formaba parte de una estrategia para ocultar los abusos sistemáticos que ocurrían dentro de los muros de la propiedad.

La participación de funcionarias públicas en la explotación

La investigación dio un giro inesperado al involucrar a dos funcionarias públicas del área de Niñez, quienes estarían bajo sospecha por presunto encubrimiento agravado. Se cree que estas empleadas estatales habrían utilizado información reservada para alertar a las dueñas del hogar sobre los operativos judiciales, permitiéndoles ocultar pruebas y maquillar las condiciones del predio. La Fiscalía analiza ahora las pruebas secuestradas en sus oficinas para determinar el alcance exacto de su complicidad en este esquema de ocultamiento.

Durante los procedimientos, la Policía incautó dispositivos electrónicos y documentación clave que permitiría probar la red de complicidades detrás de este caso aberrante. La Justicia busca esclarecer cómo este hogar pudo operar durante tanto tiempo bajo la mirada del sistema de protección, que ahora enfrenta un duro cuestionamiento institucional. Los acusados enfrentarán cargos graves mientras los menores involucrados reciben asistencia integral para intentar reparar las profundas huellas del calvario.