Luna Roja: el Municipio aguarda definiciones de la Justicia

Las autoridades del Ente Municipal de Turismo (Emtur) se reunieron en los últimos días con representantes de la asambleas de vecinos de la zona sur de Mar del Plata que exigen quitarle la concesión la Unidad Turística Fiscal “Playa Bonita”, más conocida como "Luna Roja", que se encuentra clausurada hace casi 50 días. Lejos de tomar una medida concreta, desde el Municipio aguardan definiciones por parte de la Justicia.

"La gente del Emtur pidió un poco de tiempo porque el balneario está judicializado. Ellos no tienen injerencia para modificar ninguna de las situaciones, están esperando que el juez proceda y dé su veredicto sobre la situación actual", explicó Carlos Serra, uno de los miembros de las asambleas que llevan adelante el reclamo.

En diálogo con 0223 Radio, el vecino de Playa Chapadmalal destacó la "prediposición al diálogo" que mostraron el vicepresidente del Emtur, Bernardo Martín, y el inspector Pablo Araoz, aunque pidió que "acompañen esa voluntad con acciones en un futuro próximo cuando se dirima por medio de la ley la situación actual en la que se encuentra judicializada esta playa".

En concreto, los vecinos y asambleistas de la zona exigen quitarle la concesión a la empresa EJC SA que dirige Horacio Ipucha, dadas las distintas irregularidades constatadas. Luna Roja, ubicada en el kilómetro 542 de la Ruta 11, forma parte del Paseo Costanero Sur y según explicó Serra, "los concesionarios tienen la posibilidad de llevar a cabo un negocio, pero limitado". "Pueden ocupar el 40% de la arena, de ninguna manera se puede restringir con alambrado el acceso o construir servicios de hotelería", confió.

En relación al encuentro que mantuvieron con las autoridades del Emtur, Serra indicó que Martín y Araoz "se mostraron muy prudentes a la hora de hacer promesas" y adelantó que la semana que viene se reunirán con el gerente de Club de Mar Manantiales "en la búsqueda de un posible acuerdo para abrir el camino de ribera, darle un acceso público junto con una bajada peatonal pública".

El pasado 21 de enero, efectivos de la Policía Ecológica e inspectores de la Municipalidad de General Pueyrredon clausuraron el predio del kilómetro 542 de la ruta 11 en donde constataron algunas anomalías en el complejo de cabañas - de las cuales al menos tres tienen riesgo de derrumbe -, en el restaurante y los dormis que se encuentran sobre el acantilado. Además, también comprobaron la existencia de desagües cloacales no declarados provenientes del complejo de cabañas que desembocaban en las aguas del arroyo Lobería, lo que valió una causa en la Unidad Fiscal N° 11 de Delitos Ambientales (N° 2612/20).