Concesionarios de Luna Roja piden intervención judicial para que asambleístas "no perturben" el balneario

Concesionarios del balneario Luna Roja elevaron esta semana un pedido a la Justicia de Mar del Plata para que dicte una medida que impida la realización de nuevas manifestaciones por parte de vecinos y asambleístas dentro de la playa privada que se encuentra al sur de la ciudad.

La firma EJC SA, que explota la Unidad Turística Fiscal “Playa Bonita”, promovió el dictado de un “interdicto de retener” para obtener así “la cesación de actos materiales de terceros” que “perturben” el ejercicio de la concesión que fue otorgada por la municipalidad en 2005, por un plazo de 25 años, con posibilidad de prórroga por otros 5 años más.

El privado pretende que la medida en cuestión se interponga contra los integrantes de los colectivos autodenominados Asamblea Luna Roja, Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur y Foro Social Chapadmalal. Puntualmente, se citó a Kanki Alonso, Carlos Enrique Serra, Pablo Leandro Taboada, Nicolás Mariano Chiariado, Dolores Aroya, Paola Verónica González y Lucas Landívar.

“En pos de garantizar la eficacia y el resultado útil de la jurisdicción, nuestra pretensión aspira a lograr que se les ordene a los sujetos demandados que se abstengan de ejercer cualquier nuevo acto de turbación de la posesión que detentamos en relación a la unidad turística fiscal 'Playa Bonita' (Balneario Luna Roja)”, explicaron, en la presentación a la que tuvo acceso 0223.

La acción judicial de EJC SA surge después de dos manifestaciones realizadas por los asambleístas, el 2 de marzo y el 19 de octubre del año pasado. En esos días, los manifestantes se acercaron al balneario para retirar palos de madera y sogas que separaban el sector público del espacio de sombra arancelada, al acusar un “atropello” por parte del balneario.

El privado, sin embargo, sostiene que las organizaciones se adentraron en la UTF “sin autorización en el ámbito físico” y que de esa manera “incurrieron en una intromisión que es constitutiva de una turbación al derecho de ocupación otorgado por la Municipalidad de General Pueyrredon en el contrato de concesión celebrado el día 17 de marzo del 2005”.

“El comportamiento material observado por los demandados encuadra en el concepto legal de turbación porque del mismo no resulta una exclusión absoluta de nuestra parte sino una intromisión a la posesión que ejercemos como concesionarios que conllevan una amenaza de despojo del sector de arena propio afectado a la sombra arancelada”, apuntaron.

Los concesionarios anticiparon la posibilidad de reservarse la solicitud de una medida cautelar ante la posibilidad de que los asambleístas organicen una nueva protesta en el balneario. A su vez, también solicitaron que se cite a las autoridades del Ente Municipal de Turismo (Emtur) para que intervenga en el conflicto planteado.

Fuentes de la empresa consultadas por este medio señalaron que acudieron a esta medida ante el constante avance de los asambleístas que atenta contra las inversiones y las propuestas de calidad en esa zona de la ciudad. "Tenemos todo en regla, apostamos a generar cosas de calidad en la ciudad y no puede ser que un puñado de personas ponga todo esto en riesgo", señalaron.