Hacinamiento, colchones y poca atención médica: mismos reclamos en el complejo penitenciario de Batán en tiempo de pandemia

La realización de dos mesas de diálogo que funcionarios judiciales, del Ministerio de Justicia y del Patronato de Liberados formaron junto a detenidos del complejo penitenciario de Batán y personal de salud tuvo un nuevo encuentro en los últimos días y volvió a poner como prioridades en los reclamos –aún en tiempo de pandemia- cuestiones que forman parte de un reclamo histórico: superpoblación, hacinamiento, falta de colchones y poca atención médica.  

El Juez de Garantías Juan Tapia, que participó de esos encuentros y de otras de las mesas de diálogo vigentes, explicó de las tres unidades penales que forman parte del complejo, solamente la Unidad Penal 44 es la que registra nuevos ingresos.  En esa unidad funciona la alcaidía que permitió que no haya detenidos varones en las comisarías de Mar del Plata y que recibe los aprehendidos en flagrancia de cada jornada.

Tal como informó 0223, después de una baja en el comienzo de la cuarentena, el número de aprehensiones en trámite en esa fiscalía volvió a crecer y por día se registran entre 4 y 8 ingresos a esa Unidad. “A esos aprehendidos se les toma declaración por la fiscalía en 24 horas y se resuelve su situación procesal en los siguientes 5 días. En caso de permanecer detenidos, la Fiscalía tiene 20 días prorrogables por otros 20 para requerir la prisión preventiva al Juzgado de Garantías”, explicó.

A partir de esta situación, y en virtud de que la Unidad alberga a otros 480 detenidos, la Mesa de Diálogo propuso que los nuevos ingresantes permanezcan durante ese período en dos pabellones de ingreso, aislados del resto de la población antes de bajar a piso si lo define el avance de la causa. “Al venir de la calle pueden resultar portadores asintomáticos de covid-19 y contagiar al resto de la población”, explicó.

En el mismo sentido reiteraron las recomendaciones que permanecen vigentes como la realización de controles sanitarios permanentes, proveer medidas de higiene -en algunos casos insuficientes- y mantener las medidas orientadas a evitar el contacto con el exterior como visitas y traslados.

Tapia sostuvo que la posibilidad de ingreso de Coronavirus es menor en la Unidad Penal 50 de mujeres donde la población descendió de 116 detenidas a 82 en un año y que registró tan solo dos ingresos desde el 20 de marzo. “En esa Unidad se controla a cualquier persona que ingresa desde el exterior tomándole la fiebre”, refirió.

Acerca de la situación en la Unidad Penal 15 el magistrado –que estuvo acompañado por la Defensora General Cecilia Boeri, l Lucía Inés, Silvina Librande y Flor Tittarelli en las reuniones- recordó que sigue habiendo 1250 varones detenidos luego de restringirse la derivación de detenidos de la UP 44.

“Los riesgos mayores están en la higiene sobre los bolsones de comida que acercan los familiares tanto como el control sobre las personas que salen de la institución hacia la vida comunitaria  como los propios funcionarios del SPB, personal de sanidad o funcionarios que recorren la cárcel”, agregó.

Para Tapia el diagnóstico general sobre la situación carcelaria bonaerense se mantiene en el complejo Batán: superpoblación, hacinamiento, faltante de colchones, que fueron reclamados en forma urgente, e insuficiente atención médica. Este último ítem se reiteró durante las entrevistas que pudieron mantener con los internos.

En una publicación en sus redes sociales, el Juez de Garantías se refirió a la posición de muchas personas que no comparten ese tipo de intervenciones y considera que no hay que ocuparse de que el virus no entre en las cárceles. “Primero, nuestra tarea como funcionarios judiciales es el resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad, evitando una masacre al interior de las cárceles. No hay contradicción dialéctica alguna entre los derechos de las víctimas y los de los imputados. Deben garantizarse unos y otros. Los derechos de la víctima implican la obligación para el Estado de escucharlos, evitar su revictimización, garantizar su integridad física, facilitarles el acceso a la justicia, informar sobre el desarrollo del proceso y permitirles una participación activa en la producción de prueba y en el juicio”, dijo.

“Es claro que han sufrido una vulneración a sus derechos por el delito. Pero es por aquellas acciones que los responsables están detenidos. Por esos hechos fueron condenados a una pena que es privativa de la libertad, pero que no es una pena de muerte. Por otra parte, en muchos casos esas personas revisten el estado jurídico de inocencia, dado que no tienen sentencia condenatoria dictada en su contra”, agregó.

“Segundo, aún para quiénes no les interesa nada el derecho a la vida y a la salud de las personas privadas de libertad, también es importante éste tipo de intervenciones orientadas a evitar el ingreso del covid-19 en las cárceles. Básicamente porque esas personas detenidas que se contagien el virus y vean agravado su cuadro de salud, van a ser derivadas al Hospital Público donde ocuparán una cama y eventualmente un respirador. De modo tal que, si no quieren pensar esa cuestión desde los derechos de las personas detenidas, deberían pensarlas como una cuestión de salud pública”, concluyó.