Trece personas van a juicio por la megacausa de Anses

Se trata del primer tramo del proceso, que investiga el accionar de 25 presuntos integrantes de una asociación ilícita que habría provocado una defraudación al Estado por un monto cercano a los 90 millones de pesos.

10 de Junio de 2020 15:54

Por Redacción 0223

PARA 0223

La megacausa que investiga el accionar de una asociación ilícita que tramitaba de manera irregular beneficios previsionales ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) fue elevada a a juicio por decisión del fiscal federal Santiago Inchausti. Al menos 13 personas son acusadas de estafar al Estado.

Se trata del primer tramo de la causa que incluye a 13 abogados, médicos y ex funcionarios públicos, que irán a debate oral y público, señalados como autores de una estafa al Estado nacional por cerca de 90 millones de pesos. Además, 20 beneficiarios también deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Entre los acusados se encuentran los integrantes de la sociedad “Organización Jurídico Previsional SRL” -Roberto Balbuena, Luis Miguel Iros, Ruben David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez-, la contadora del estudio previsional, entonces funcionarios públicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), ex funcionarios de la Comisión Médica y médicos, señalados de otorgar 47 beneficios previsionales.

La cantidad de integrantes de la asociación ilícita de acuerdo a la investigación fiscal asciende a 25 personas y el número de casos a 361. Este otro tramo de la causa se encuentra a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

El avance de la investigación a cargo de Inchausti permitió determinar que la organización se valió de diversas maniobras, como la alteración de registros de la Afip, tenencia de DNI, utilización de diversa documentación falsa como certificaciones de servicios y recibos de sueldo, de sellos médicos, de la instalación de un consultorio médico no habilitado a tal fin, del supuesto extravío de los expedientes administrativos, la influencia sobre diversos funcionarios públicos mediante ofrecimientos económicos, y la dilatación intencionada de los trámites previsionales, entre otros